Profundización de la extranjerización de la tierra, una fuerte campaña contra la comunidad mapuche y el ataque que sufren activistas y comunidades campesinas en sus territorios reaparecen en un mapa donde la pregunta sigue atravesando todas las luchas. La tierra: para qué y para quiénes. El Estado ya tiene su respuesta: más represión para garantizar la avanzada extractivista. En este contexto se produce, luego de una brutal represión de la Gendarmería, la desaparición forzada de Santiago Maldonado. 78 días después, su cuerpo aparece sin vida en el río Chubut.
Por María Cruz Ciarniello
Foto: bloglemu.blogspot.com.ar
[dropcap]E[/dropcap]l avance y la profundización de la extranjerización de las tierras en Argentina no sorprende, aunque estos tiempos muestren un feroz accionar del propio Estado favoreciendo intereses de grupos extranjeros y multinacionales. Una defensa que introduce a las fuerzas de seguridad en escena y con un claro objetivo: atacar y amedrentar a quienes denuncian el meganegocio del modelo extractivista o a quienes ponen el cuerpo defendiendo la tierra que habitan desde siempre. El actor político difiere según las características geográficas: comunidades originarias en el sur y norte del país, asambleas de vecinxs organizadxs en el litoral y en la zona cordillerana, activistas socioambientales que se solidarizan con las luchas, comunidades campesinas en el centro de Argentina.
De fondo y como problemática que atraviesa de punta a punta el país, se esconde una pregunta clave: la tierra ¿para qué y para quiénes? “La desigualdad en el acceso a la tierra es una de las causas de la extrema pobreza que sufren amplios sectores sociales y que la población indígena y campesina se encuentra entre las más marginadas. A esto se le suma la expansión de las actividades extractivas que los perjudican de manera directa y provoca conflictos territoriales donde terminan siendo criminalizados por defender sus derechos”, sostiene el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra.
La situación de desigualdad y la concentración de tierras en pocas manos es una problemática regional. Así lo revelan datos demoledores de la ONG Oxfam, organismo que en uno de sus últimos informes sostiene que más de la mitad de la tierra productiva en la región está concentrada en el 1% de las explotaciones de mayor tamaño. “En otras palabras, el 1% de las fincas utiliza más tierra que el 99% restante. La competencia por la tierra y la concentración de poder en torno a ésta se han intensificado en los últimos años con la acelerada expansión del extractivismo, un modelo productivo basado en explotar los recursos naturales con el fin de producir grandes volúmenes de materias primas recursos minerales, hidrocarburos, productos agroindustriales, ganaderos y forestales fundamentalmente para el mercado global”.
Repasar algunos hechos que ocurrieron entre 2016 y 2017 resulta necesario para entender que la represión estatal contra la comunidad mapuche del Pu Lof en Resistencia y tras la cual desaparece Santiago Maldonado, el 1 de agosto en Cushamen, se suma a otros hechos represivos en la zona y es parte de una escalada de violencia que también afecta a otras comunidades en otros puntos del país. Es que la expansión del extractivismo no puede sino generar más represión contra quienes resisten a este modelo productivo que concentra tierras, que desaloja comunidades y que enferma a poblaciones enteras.
Septiembre 2016
El sábado 24 de septiembre a las 9 de la mañana tres camionetas de la empresa Manaos de Orlando Canido, cargadas con 15 personas armadas con pistolas y rifles entraron nuevamente a los tiros a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo, provincia de Santiago del Estero. “La banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían como prendían fuego a las viviendas y a los vehículos de la comunidad. En esta secuencia de tiros, dispararon a los vehículos y el compañero Pedro Campos recibió un balazo en la pierna”, denunciaba en un comunicado el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y prosigue: “Después de prender fuego a los ranchos y viviendas de la comunidad, que habían sido reconstruidas tras otro ataque del mes de julio, la emprendieron contra los animales vacunos, matando a 6 e hiriendo a más de 14. Pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y lo envenenaron nuevamente. E incluso atacaron a los dos policías que debían cuidar a las familias y que se encontraban en la orilla del campo. Después de esto, se retiraron del territorio comunitario”.
Bajo Hondo se encuentra a 80 km de Quimilí: “Ahí hay un empresario sojero, Orlando Canido, él fue con gente armada, atropelló a familias que se encuentran ahí, y fueron a atacarlos. Las familias tuvieron que salir corriendo al monte, asustados. Canido se encarga de comprar campos fiscales, campos en conflictos. El es el dueño de la empresa Manaos. Tiene varios secuaces que lo siguen, él les paga, tiene mucha plata. Bajo Hondo está dividido y nosotros estamos luchando para que las familias dejen de sufrir. El peligro está latente”.
El testimonio le pertenece a Marcelo Moreno, integrante del Mocase y campesino de toda la vida. Estuvo en Rosario por aquellos días de septiembre para visibilizar lo que estaba pasando en su comunidad. Sus palabras fueron claras: “Canido ha comprado aproximadamente unas 4000 mil hectáreas y había familias allí viviendo. Estas familias viven hace décadas allí, y lo único que no pueden tener son los papeles, pero este hombre dice él que compra, no sabemos si esto es así, y quiere el campo para sembrar soja transgénica, fumiga todos los días. Está destrozando la tierra”, decía con dolor. “Vamos a seguir luchando por esa tierra, sabemos que las familias están asustadas pero todos juntos van a estar presentes”.
No es la primera vez que el empresario Orlando Canido arremete contra las comunidades en el monte santiagueño. No es la primera vez, tampoco, que el Mocase sufre amenazas y atropellos por parte de empresarios ávidos de territorios para sembrar más soja. Hacer memoria es recordar el nombre de Cristian Ferreyra, asesinado por Javier Juarez en el año 2011, sicario a sueldo del empresario santafesino Jorge Ciccioli. El asesinato de Cristian no fue un hecho policial, tampoco aislado; su muerte fue consecuencia de un modelo basado en los agronegocios y el avance indiscriminado de las fronteras agropecuarias. Cristian Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena Lule-Vilela de San Antonio donde alrededor de unas 25 familias habitan dos mil hectáreas comunitarias desde hace generaciones. Esas eran las tierras que Jorge Ciccioli pretendía alambrar y desmontar con la venia de la Dirección Provincial de Bosques. Por el crimen de Cristian se llegó a juicio oral pero la sentencia no fue la esperada: no hubo ninguna condena para el empresario Jorge Ciccioli.
“Estamos en un sistema estructurado donde unos pocos se van apropiando de nuestros bienes naturales, la justicia responde al capitalismo, está puesta para eso, para seguir concentrando las tierras, hay derechos en el código civil que ampara a las comunidades indígenas, pero no hay respeto a la constitución nacional, a la vida, a la cultura de las comunidades. La justicia es cómplice del acaparamiento de tierras y de producción del agronegocio”, señalaba a enREDando una de las principales voceras del Mocase, Deolinda Carrizo.
Hoy en Argentina, el actual Ministro de Agro Industria es ni más ni menos que el titular de la Sociedad Rural Argentina. Todo un dato para el extractivismo voraz.
Diciembre 2016
Corría el mes de diciembre de 2016. Por esos días, cerca de treinta activistas de diferentes provincias decidieron subir hasta la zona de precordillera en el Departamento de Iglesias, provincia de San Juan, donde se encuentra el acceso que conduce a la Mina Veladero.
En Jáchal la minería a cielo abierto tiene a uno de las multinacionales más importantes operando de manera irrestricta. No hay límites para la Barrick Gold, ni siquiera la Ley nacional de Glaciares que la Barrick viola impunemente. El agua de Jáchal está contaminada aunque oficialmente intenten ocultar los estudios que así lo determinan, como el de la Universidad Nacional de Cuyo. En los mismos pueblos, los métodos extorsivos de la empresa acallan conciencias. “Veladero no se toca” dicen algunas paredes como si esa mina fuese todo para lxs vecinxs. Al menos ya ocurrieron cinco derrames de cianuro pero ni siquiera esto impide el trabajo extractivo que realiza la Barrick.
El 17 de diciembre de 2016 este grupo de jóvenes que estaba participando de un Encuentro Nacional, realizó un corte parcial sobre un empalme que conduce al camino privado de la mina. A las pocas horas, la Gendarmería ya estaba cercando el lugar sin tener jurisdicción para intervenir. Los dos únicos caminos de acceso al corte fueron bloqueados por las fuerzas de seguridad, impidiendo que vecinos de Jáchal e Iglesias pudieran acercar bebida y comida a lxs manifestantes. “En ese momento quedamos completamente aisladxs, ni siquiera nos pudieron traer agua, hasta eso nos negaron. Tampoco dejaron pasar a los medios de prensa”.
A las 19 de la tarde llegó la orden de desalojo dictada por el juez Oritja, el mismo magistrado que tiene paralizada la causa judicial por el derrame de miles de litros de agua cianurada a los afluentes del Río Jáchal por la Barrick Gold, ocurrida en el 2015. Fue el Subsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Fariña, el que se apersonó con dicha orden cuya copia nunca entregó, denunciaron lxs jóvenes “No hubo posibilidad de negociación. No nos dejaron ni resguardar a lxs niñxs. Directamente se procedió al violento desalojo sin miramientos. Intentaron separar violentamente a un menor de los brazos de su padre, obligándolxs a presenciar situaciones traumatizantes de todo lo acontecido”, señalaron quienes fueron víctimas de ese operativo represivo.
Testimonios que luego recogió enREDando dieron cuenta de lo ocurrido: “El procedimiento fue un asco. Las policías mujeres fueron agarrar a los chicos, intentamos que eso no suceda. Después ya empezaron a llevarnos. Nos sacaban y empezó el forcejeo. Nos descompusimos, nos faltaba el aire adentro de la camioneta, uno de los chicos se empezó a descomponer, recién ahí nos empezaron a dar agua. Para que no se escuchen desde afuera nuestros gritos pusieron música. De a ratos abrían la puerta y después cerraban, nos querían llevar así hasta San Juan. No había forma de respirar ahí dentro”.
16 jóvenes varones fueron detenidos en un furgón con capacidad para solo 6 personas. Hacinados, sin agua, golpeados y bajo una temperatura infernal, algunos de ellos se descompensaron.
Las mujeres fueron llevadas a la Comisaría 22 de El Rodeo, luego a la comisaria 1 y 2da, pero jamás le informaron adonde las trasladaban. “En la Comisaría 22° de Rodeo las compañeras fueron requisadas y a algunas les realizaron un manoseo innecesario durante el procedimiento. Hubo un ensañamiento particular con una de ellas. Las madres que estaban con sus niñxs fueron amenazadas de separarlas de ellxs.”
Durante 5 horas estuvieron incomunicados. “A quiénes llamaban a las comisarías involucradas (22° de Rodeo, 21° de Jachal, 1°,2° y la central de policía de San Juan) les decían que no estaban ahí y no daban información.” Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia decían que ningún abogado reclamaba por ellos como si eso fuese excusa para justificar una flagrante violación a los derechos humanos. 24 horas después de lo sucedido, dos abogados pudieron tomar contacto con los jóvenes y las mamás detenidas que pasaron la noche presas en una comisaría junto a sus pequeños hijos.
Enero 2017.
En el sur argentino, en la imponente Patagonia, los alambres de púa determinan el límite del saqueo. Allí son las comunidades mapuches las que constantemente sufren el acoso. Benetton supo instalar un imperio en el sur argentino con casi un millón de hectáreas en su poder. Desde el año 2011 existe una ley nacional de tierras que pone límite a la voracidad extractivista: solo el 15% de tierra argentina podía estar en manos de una firma extranjera. La llegada del gobierno de Cambiemos cambió, por decreto, esa ley. Flexibilizó la compra. Y no se conformó: el gobierno de Macri también decidió eliminar por completo las retenciones a las compañías mineras.
El impacto de este extractivismo feroz tiene su correlato en lo que fue la brutal represión al pueblo mapuche en Cushamen en enero de 2017, casi como una antesala de lo que ocurriría ocho meses después. Porque si observamos el mapa de la concentración de tierras, en Cushamen por ejemplo se supera ampliamente el límite del 15% impuesto por la Ley Nacional de Tierras: un 19,45 % de los territorios en esta zona está en manos extranjeras.
La lucha en el sur también tiene otros capítulos: la larga batalla contra el avance de mega emprendimientos inmobiliarios, en defensa de la tierra y el agua, como el que lleva adelante la Asamblea del Bolsón desde hace más de diez años. O la disputa judicial que hasta ahora, favorece ampliamente los intereses del magnate Joe Lewis, íntimo amigo del presidente Macri, impidiendo el libre acceso al Lago Escondido. O la histórica resistencia a la minería a cielo abierto que tiene un actor clave en esta lucha: la asamblea que en Esquel supo organizadamente frenar el avance minero.
Allí, en Cushamen, desde el 2015 hay una bandera plantada que señala la recuperación del territorio mapuche. La historia de esta apropiación por parte del Grupo Benetton es la historia del saqueo que propicio el Estado Argentino con la mal llamada “Conquista del Desierto” y que continuó luego, con la complicidad de gobierno neoliberales como el de Carlos Menem en los años 90.
En enero de este 2017 hubo un violento accionar por parte de la Gendarmería Nacional y de la policía chubutense contra la comunidad mapuche del Pu Lof. “Quienes venimos transitando lo que tiene que ver con los pueblos originarios, hace tiempo advertimos que la situación se agrava cada vez más. Habrá sangre, cada vez más sangre si el Estado no comprende que en Argentina no todos bajamos de los barcos”, señalaba Marcelo Valko, investigador y escritor, por aquellos días. “Después de haber visto las imágenes de semejante brutalidad oficial ejercida contra la comunidad mapuche en Chubut, ya no resulta exagerado afirmar que se repite la historia, mientras van relanzando la Campaña del Desierto. Y no, no sobredimensiono mis palabras, para nada. De hecho, esta semana volvió a ejecutarse la misma política que aplicaba Julio Argentino Roca: la mentira y la represión más cruel sobre aquellos que consideran inferiores, aquellos que no consideran “argentinos”, aquellos que no ostentan el “mérito” de vivir en las tierras que habitaron por siglos”, escribía la pluma certera y filosa del maestro, historiador y escritor Osvaldo Bayer.
“Una vez más nos vinieron a cazar”, señaló con desesperación María Isabel Huala, la madre del Lonko detenido en Esquel, Facundo Jones Huala. En ese momento, tenía a uno de sus hijos y un sobrino con graves heridas y otro hijo preso junto a más personas, acusadas por resistencia a la autoridad, obstrucción del tránsito y abigeato.
El relato de esta referente mapuche de 52 años no dá lugar a duda: fue una cacería. Durante dos días, en este frío y tormentoso enero de 2017 en la Patagonia argentina, las fuerzas policiales provinciales, la Gendarmería Nacional y la Infantería desataron un operativo conjunto contra el pueblo mapuche del Pu Lof en resistencia del Departamento Cushamen, provincia de Chubut. Uno más.
Cerca de 200 efectivos de la Gendarmería dieron lugar a lo que fue el primer día de violencia contra la comunidad, el 10 de enero de 2017. Desde las 6 de la mañana y hasta las 16 de la tarde, arremetieron con postas de goma y golpes contra hombres, mujeres e incluso niños del Lof. En teoría, ejecutaban la orden de liberar obstáculos de las vías por donde pasa el tren turístico La Trochita, dictada por el juez federal Guido Otranto. En la práctica: la ejecución fue apuntar contra la comunidad mapuche. Una de las primeras voces que anunció la cacería fue la de Soraya Maicoño, vocera de la Red de Apoyo: “Pedimos a toda la comarca que se haga una movilización, que se arrimen hasta los cruces de las rutas, no sabemos qué va a pasar con nuestros lamien. Esta es la situación que sucede en este momento, no nos permiten pasar hacia el campo. Es alarmante, prácticamente desesperante, hay niños, hay bebés, hay mujeres, hay hombres, ellos son más y tienen las armas”.
Hubo vecinos y militantes, también mapuches residentes en el Bolsón que se movilizaron hasta la zona pero solo pudieron llegar hasta los cortes que la propia Gendarmería había realizado. Así imposibilitaron el acceso hasta el lugar de los hechos: el paraje Vuelta del Rio, en el noroeste de la provincia de Chubut, sobre la ruta 40, entre Cholila y Esquel. “Habían quedado completamente encerrados por un vallado policial de 4km a la redonda. Desde las viviendas, salían mensajes y comunicaciones sobre el grado de violencia que estaban sufriendo y el nivel de desinformación sumaba más tensión a la circunstancia”, detalla la relatoría de la radio comunitaria FM ALAS del Bolsón, uno de los pocos medios en informar lo que ocurría por aquellas horas.
En esos días, enREDando pudo conversar con Javier, vocero mapuche que fue testigo de la represión. Esto decía, minutos antes de viajar desde el Bolsón hasta la ciudad El Maiten donde fueron trasladados algunos de los diez detenidos durante ese día: “La Gendarmería entra, los peñis dijeron que no, que ellos no iban a entrar. Golpearon, hicieron un montón de atropellos, no solamente se enfrentaron con los conas de Pu Lof sino que encararon a las rukas donde estaban las mujeres con los niños, las lamgien se encerraron y la policía amedrentaron el espacio, rompieron las ventanas, tiraron con el polvo del matafuego, las golpearon, las esposaron delante de los niños. El operativo empezó a las 6 de la mañana y terminó cerca de las 16 de la tarde. Había 7 peñis y 5 mujeres y niños. Eran muy pocos y había trescientos efectivos. Con el conflicto del tren había una mesa de diálogo que el gobierno de Chubut rompió. Lo que quieren es desalojar el Pu Lof. En este territorio se trató de aniquilar a todo el pueblo originario”.
Con el correr de las horas la información trascendió a través de una conferencia de prensa que ofrecieron los propios voceros del Pu Lof.
Los detenidos en total fueron 10. A 7 de ellos los arrestaron en el marco de una causa irrisoria: fueron acusados del delito de abigeato cuando en verdad, los animales que fueron a buscar al monte, luego de la represión, pertenecían a los propios miembros de la comunidad. Esta vez fue el juez Colabelli el encargado de dar curso al accionar represivo de la policia chubutense. En realidad, se trató de una emboscada y así lo describe uno de los abogados de la APDH de Córdoba, Carlos Chuzo Quintana, quien fue parte del equipo jurídico que accionó para lograr la liberación de todos los detenidos.
El 11 de enero, apenas 24 horas después, la violencia represiva continuó. El operativo estuvo a cargo del Cuerpo de Infantería de la provincia. “¿Qué pasó? Más de 20 efectivos de la Infantería provincial irrumpieron en nuestra comunidad, el miércoles a la noche, alegando abiertamente, así, como les digo, textual, literal, explícito, que vinieron “a cazar”. Con esa orden llegaron. Y con mi familia se fueron, dejando un tendal de heridos con perdigones de goma y de plomo, con el efectivo silenciador de los negociados que sostienen con la familia Benetton, con Joe Lewis, con las petroleras y con las mineras, que solamente vienen a destruir nuestro territorio”, vociferaban las palabras de dolor de María Isabel Huala.
“Tenemos registrado el modo en que ellos llegaron, se detuvieron, bajaron diez efectivos y empezaron a disparar gritando alguno tenemos que matar. Nuestros lamien se volvieron a defender. Ellos son los que están dando la vida por nuestro territorio”, señaló Soraya Maicoñio desde la movilización que se realizó en el Bolsón como muestra de repudio. En total, en este último operativo que se realizó sin ninguna orden judicial, fueron 6 los heridos con balas de goma y plomo, entre ellos, los hijos de María Isabel.
En un extenso documento elaborado por la ONG Naturaleza de Derechos que estuvo en el sur recogiendo testimonios para presentar ante la CIDH en febrero de este año, se detalla con claridad: “Ivana Huenelaf, madre y mapuche fue detenida el 10 de Enero de 2017. En el proceso de detención fue una de las principales víctimas que recibió apremios ilegales, y también actos de discriminación, por su condición de mujer y de mapuche. Mientras iba en la camioneta del lado del acompañante, casi es alcanzada por una bala de plomo que le pasó a centímetros de su cabeza. En un momento al ver que uno de sus compañeros con la cabeza gacha no contestaba, Ivana pensó lo peor. Ahí, en su testimonio hizo un silencio profundo y se quebró. Todos nos quebramos. Ivana fue detenida arbitrariamente y salvajemente tratada, a tal punto, que le fracturaron un dedo. Estando en el calabozo, no la dejaron ir al baño . Antes y después de los hechos del 10 de Enero de 2017, cada vez que va a Chile recibe actos discriminatorios”
Agosto 2017
Ocho meses después, la escena se repetiría con denominadores comunes. La represión y la intrusión de la Gendarmería Nacional fue otra vez ilegal. Mientras la orden judicial solo indicaba el despeje de la ruta, la decisión política fue ingresar al territorio de la comunidad. El modus operandi, que contó con 130 efectivos de Gendarmería, también fue similar: entraron a “cazar” como describía aquella vez María Isabel Huala. En esta nueva cacería desaparece Santiago Maldonado.
La primera reacción del gobierno frente al reclamo de aparición con vida de Santiago, fue poner en duda su presencia en el lugar de los hechos. Numerosas versiones falsas comenzaron a circular por los dos grandes medios afines al gobierno. Durante 78 días nos preguntamos dónde estaba Santiago. El silencio oficial estremecía. A la par, afloró todo tipo de discurso racista y ataques contra la propia familia del joven oriundo de la localidad 25 de mayo.
Su cuerpo apareció flotando en el río Chubut, en una zona con escasa profundidad y que había sido rastrillada en tres oportunidades. Aún se aguardan los resultados de la autopsia que se realizó ante un cuerpo forense integrado por más de 50 peritos. Su muerte, aunque intenten disfrazarla de un absurdo accidente en el río, tiene un responsable directo que es el propio gobierno nacional, el mismo que dio una orden precisa de reprimir ese día y el que, a través de su Ministra de Seguridad, avaló el accionar de la Gendarmería. Con la complicidad de los medios hegemónicos también construyó un relato estigmatizante contra el pueblo mapuche.
“En nuestro país hay un culto al olvido. Hay toda una serie de temas que fueron sepultados, tergiversados. Y cuando fueron abordados fue para mentir”, dirá en diálogo con Enredando, días antes de una charla que ofreció en la sede de Ate Rosario, el escritor e investigador Marcelo Valko.
“Hay una diferencia abismal entre lo que sucedió verdaderamente y el relato que se construyó sobre eso en beneficio del poder económico, un poder que nunca dejó de tener las riendas de la historia argentina”. Valko hace memoria. Reconstruye el pasado para entender el presente. Intenta, a través de sus archivos, deconstruir el relato oficial, aquel que niega el genocidio a los pueblos originarios. El que habla del Encuentro de dos mundos, ocultando la masacre indígena. Valko y tantos otros historiadores son fundamentales para desmontar el discurso racista que una vez más, sin instaló con crudeza en los medios oficialistas, luego de la desaparición de Santiago Maldonado.
“Los archivos demuestran lo que hacían los asesinos a sueldo de la oligarquía. Por ejemplo, inventar el eufemismo de la Conquista del desierto. Eso no existió. Lo que existió fue una construcción del desierto porque lo vacían de seres humanos, vacían la Pampa y la Patagonia de seres humanos. Roca tenían un ideólogo que es Estanislao Zevallos, que tiene una frase muy clara: “La barbarie está maldita y no quedará en la pampa ni los vestigios de sus huesos”. Y cumplieron.”
Valko habla de “terrorismo simbólico” contra el pueblo mapuche, despojados de su propia lengua, de su propia tierra, de su propia historia, confinándolos a un “silencio traumático”. También apunta a la infame tapa del periódico Billiken, a propósito del 12 de octubre, casi como un espíritu de época, haciendo alusión a un “Encuentro de dos mundos”. “Muestran a Colón y a un indiecito que se están entregando banderines y hay un réferi, como si estuvieran a punto de disputar un partido. Eso es justamente, desmemoria, eso es historia oficial, es catecismo de la amnesia”.
En este contexto, dice Marcelo Valko, desaparece Santiago Maldonado. Y reseña: “en la época de Roca venden las tierras de los indígenas con los indígenas adentro. Cien años después hablamos de Benetton, pero ¿quién le vendió las tierras a Benetton? El Estado mismo: Carlos Menem que se las vendió a un precio vil. Luciano Benetton tiene las escrituras foliadas y selladas. Los mapuches que viven en la zona lo que tienen como título de propiedad son los muertos ancestrales, los cementerios donde está el abuelo del abuelo”.
“Los mapuches son chilenos”, fue una de las frases repetidas que una buena parte de la sociedad señaló hasta el hartazgo, con el solo objetivo de estigmatizar la protesta en el sur. Desde el gobierno nacional fueron por más: los tildaron de terroristas.
“Es una falacia mayúscula”, remarca Valko. Y explica: “cuándo te dicen el mapuche es chileno, la pregunta que siempre hacemos es: ¿y antes de 1810 qué eran los mapuches, españoles? Los mapuches siempre fueron lo mismo. Nosotros, los argentinos y chilenos aparecimos en la escena, trazamos una frontera. Ellos eran sujetos nómades que iban de un lado al otro. Es muy fácil decir que son chilenos porque así no tienen nada que reclamar”. Por todo esto, es necesario rescatar la memoria ancestral. “venimos a hablar por nuestras bocas muertas. Todas esas bocas que fueron silenciadas de modo tan injusto, nosotros venimos a mostrar con archivos incontrovertibles, solo hay que quemar el archivo para tapar”.
Valko no duda cuando señala que el problema central es la propiedad de la tierra. “A los indígenas se los ha invisibilizado durante siglos. Y ha llegado el momento donde ellos emergen, salen a la luz”. En esa emergencia, la defensa del territorio es vital porque ese territorio les pertenece por sangre, por familia, por identidad. “Me contaban la necesidad de quedarse en esas tierras que son de sus abuelos. Estaban en condiciones muy duras pero muy dignas. Al atardecer regresé a Lago Puelo y ví esa determinación de permanecer en un sitio donde su comunidad vivió en forma ancestral toda la vida. Sospechosamente la estancia Benetton ha hecho un museo mapuche pagado muy lindo, con curaduría. Hay una frase de García Canclini, que dice que todo lo que ingresa a un museo tiene la garantía de estar muerto. Todo lo que está ahí está muerto. El poder tiene muchos rostros: desde los medios, la justicia, el gobierno. La justicia que garantiza el statu quo para que nada cambie. Eso es terrorismo simbólico: vos tenés razón y nunca la tenés, ¿cómo puede ser? Los pueblos originarios tienen una paciencia milenaria. Los archivos sirven para eso, para recuperar la memoria, rescatarla del olvido. Entonces, tantos Victoricas, tantos Rocas, tantos Mitres que tienen calles, plazas, ciudades, no merecen esos pedestales. Esa gente merece prontuarios. Entonces, lo que hacemos con los libros son prontuarios, estamos mostrando todo lo que Argentina hizo con los pueblos originarios”.
Y aporta un dato valioso, un dato de la memoria: la calles que llevan el nombre de Julio Argentino Roca fue cambiada en 35 ciudades del país. Es una tarea de hormiga, “es lento pero viene”. Y como dice el autor del libro “Desmonumentar a Roca”, solo hay una historia, la otra es un relato. “El que controla la historia, controla el presente y el futuro, por eso los manuales están tan vigilados desde los Ministerios de Educación, pero felizmente nuestros libros han entrado a cátedras, hemos dado infinidad de charlas en institutos de formación docente. La historia no es una meseta muerta, hay movimiento”.
Será esa historia, en movimiento, la que rescate de la desmemoria a Santiago Maldonado. Su cuerpo apareció sin vida flotando en el río el 17 de octubre luego de haber desaparecido durante más de 70 días. La última vez que a Santiago se lo vió con vida, fue huyendo de una salvaje represión de la Gendarmería Nacional. No fue un accidente y lo decimos: es el gobierno el responsable. Su familia exige justicia. Nosotrxs también.
