Territorios

Resistir entre el silencio y la violencia

El “proyecto de transformación” del barrio República de La Sexta, impulsado por el gobierno municipal, el provincial y la UNR, no conforma a todos los vecinos de la zona. Hay familias que no quieren dejar sus casas y aparecen las dudas que la falta de respuestas no despeja. ¿Qué se pretende construir en la zona de la barranca? ¿En Rosario hay gentrificación?

Por Martín Stoianovich

Las diferencias están claras en el barrio República de La Sexta. Por un lado el gobierno municipal, el gobierno provincial y la cúpula directiva de la Universidad Nacional de Rosario: hablan de un “proyecto de transformación” del Centro Universitario Rosario (CUR). Del otro lado hay más de trescientas familias que se verían afectadas con el avance del proyecto. Es que dicha transformación está planificada sobre terrenos en los que desde hace décadas viven personas que deberían abandonar sus hogares para que el ambicioso plan llegue a su meta. Las diferencias, amplificadas por el silencio de funcionarios vinculados al tema, provocaron un conflicto que el pasado martes 15 de mayo avivó su fuego cuando las fuerzas de seguridad del Estado provincial reprimieron a los vecinos que se niegan a dejar sus viviendas y por lo tanto se organizan para que sus voces, que hasta el momento no han tenido lugar en el proyecto, se puedan escuchar.

El 26 de febrero pasado el Salón Blanco de la sede local de Gobernación fue el recinto en el cual se presentó el “proyecto de transformación urbana” que implica una reestructuración de la Ciudad Universitaria de Rosario. El gobernador Lifschitz, la intendenta Mónica Fein, y el rector de la UNR, Héctor Floriani, fueron las figuras de una jornada en la que se habló de esta iniciativa como una propuesta para unir el CUR y La Sexta a la ciudad. Entonces se habló de la intención de edificar aulas nuevas para el uso común de las distintas facultades, de construir espacios de laboratorios e investigación. También se habló de la construcción de la Avenida de la Universidad: transformar el tramo que calle Berutti hace desde Cochabamba hasta 27 de Febrero en un corredor que agilice el tránsito. Así también se consideró la necesidad de construir en la misma zona 321 viviendas para relocalizar a las familias que hoy habitan terrenos de la UNR donde se planifican las obras.

Fue a principios de la década del cincuenta que el gobierno de Juan Domingo Perón cedió los terrenos, que hasta ese momento habían pertenecido al Ferrocarril Rosario a Puerto Belgrano, para comenzar a planificar la construcción de una ciudad universitaria. Los años -las décadas- pasaron sin avances notorios y entonces cientos de familias, la mayoría obreros del puerto y la zona industrial, comenzaron a construir sus hogares en terrenos que más allá de los títulos de propiedad siguieron siendo baldíos deshabitados. En 1974, seis años después de que la dictadura de Juan Carlos Onganía creara la Universidad Nacional de Rosario para que se independizara de la del Litoral, se afirmó el Centro Universitario con la construcción de aulas para distintas facultades. A partir de esos años la UNR creció en sus instalaciones en la zona conocida como La Siberia adecuándose a una realidad: miles de personas habían cubierto el derecho a la vivienda en terrenos que pertenecían a la institución pero durante años habían sido la nada misma.

Sobre esa base se enclava el conflicto actual. Pero como si no hubiera existido la historia es que la UNR decidió ceder parte de sus terrenos al gobierno provincial para la construcción de nuevos complejos habitacionales que puedan albergar a las más de trescientas familias que deberían ser relocalizadas para la concreción del proyecto. Pero en esos terrenos cedidos hace décadas viven personas, al menos doce familias, y en una de ella viven niños y una chica discapacitada. Y no solo se niegan a abandonar sus hogares sino que también exigen al gobierno provincial el título de propiedad de los terrenos que habitan. La respuesta del gobierno provincial ante la resistencia de estos vecinos fue una receta ya conocida en conflictos de esta índole: el combo presión – amenaza – represión, y el intento de desalojo.

Hace unas semanas María volvió de trabajar y se encontró con un cuatro verde pintado en el frente de su casa. Los vecinos le dijeron que habían sido personas identificadas como parte del Plan Abre que preguntaron en distintos hogares sobre la cantidad de personas y mascotas en cada vivienda. Cuenta María que días después, cuando el conflicto comenzó a crecer, el secretario de Hábitat de Santa Fe, Diego Leone, se hizo presente en la zona. “Le preguntamos dónde nos van a hacer las casas que nos prometieron, qué va a pasar con nosotros, pero no respondió, miraba para abajo, miraba el celular. No sabe contestar Leone”, dice María, enojada. Y cuenta que su familia lleva cinco generaciones en La Sexta –su abuelo, su madre, ella, sus hijos y sus nietos- y que no se piensa ir de su casa.

Otra vecina -punto en común entre muchos de los más grandes del barrio- cuenta que su familia ya había sufrido un desalojo en el barrio, que las vueltas de la vida la devolvieron a La Sexta y que hace más de veinte años vive en una casa en las inmediaciones de La Siberia. “La gente del Plan Abre primero me dijo que yo no estaba afectada y después vinieron y me dijeron que sí. Ahí empezaron mis dudas y al hablar con mis vecinos me di cuenta que no soy la única que no se quiere ir del barrio”, dice la señora. El otro punto en común entre los vecinos que resisten es tajante: quieren el título de propiedad después de haber construido de forma pacífica y vivir allí desde hace años.

En otra cara del conflicto hay un hecho concreto: varias familias negociaron con el gobierno y aceptaron dinero para comprar una propiedad o pagar un alquiler durante el tiempo que dure la construcción del supuesto complejo habitacional, confiando en que cuando las obras terminen -tal como les prometieron- finalmente les darán el título de propiedad. Pero este aspecto no debería desacreditar la decisión de las personas que no quieren dejar sus terrenos. Por eso las doce familias que se niegan a irse piden que se abra un diálogo formal con las partes interesadas en el proyecto. Sin embargo las respuestas que llegaron del otro lado no fueron las más amables: los vecinos denuncian que hubo presiones y amenazas de desalojo.

Las amenazas fueron tomando forma desde el comienzo de mayo con la llegada al barrio de grandes maquinarias custodiadas por policías y terminaron con la represión del pasado 15 de mayo. Agentes del Cuerpo Guardia de Infantería se dispusieron en las primeras horas de la mañana a romper los candados de la vivienda de una de las familias que se niegan a irse, y ante el repudio de los vecinos comenzó la represión con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma que terminaron con personas heridas.

Foto: Raíz Comunicación

¿Qué van a construir donde hoy viven 320 familias?

Laburantes de todas las edades, músicos populares, militantes barriales, artistas, vecinas y vecinos. Reunidos en la Asamblea de Vecinos del barrio La Sexta se organizaron y se plantaron. Están atentos a cada movimiento alrededor de este “proyecto de transformación” ruidoso hacia afuera pero silencioso hacia adentro del barrio.

“Los históricos vecinos del barrio La Sexta somos los legítimos dueños, y exigimos la titularización de nuestras propiedades, que hemos mantenido, cuidado y habitado durante décadas, así como rechazamos cualquier intento de reubicación, desalojos y/o permisos provisorios de uso emitido por supuestos dueños, que mantuvieron los terrenos o las construcciones abandonadas durante más de tres décadas. Desconocemos la legitimidad de las instituciones que hoy reclamas dichos terrenos, con falsos argumentos de mejorar las condiciones de vida de los vecinos, mientras que fueron ellas las que con una desidia planificada, mantuvieron los terrenos y construcciones abandonadas, hoy revalorizados por la especulación inmobiliaria”, escribieron en un documento para difundir su postura.

Y ante la avanzada de maquinarias y fuerzas policiales presentaron un recurso de amparo que llegó al Juzgado Civil y Comercial Nº 13. Así lo explicó a enREDando Salvador Vera, abogado representante de las familias en conflicto: “Planteamos al juez que ordene el cese inmediato de los intentos de desalojo, dicte una medida para que no se inicien obras, y se ordene una audiencia judicial entre partes para generar una distancia de mediación judicial”. De la misma forma solicitaron que previo a cualquier trámite administrativo o judicial el juez ordene al gobierno provincial la intervención de los organismos competentes en las áreas de Niñez, a la Defensoría del Pueblo, a Derechos Humanos y a la Dirección Provincial de Discapacidad. En la mañana del 18 de mayo se dispuso la apertura del recurso de amparo y quedó pendiente el siguiente paso hacia una audiencia judicial con el fin de llegar a la resolución del conflicto.

Vera encendió una alerta cuando planteó la posibilidad de “un objetivo no declarado” en el proyecto conjunto del gobierno municipal, el provincial y la directiva de la UNR. “Presentaron una maqueta muy completa respecto de la relocalización de los vecinos, la construcción de esos complejos habitacionales y la avenida que quieren hacer, pero llamativamente en el espacio sobre la barranca, en donde viven más de 320 familias, no hay nada”, analizó el abogado. En ese sentido, apuntó, aparecen las sospechas de que en el acuerdo de cesión de tierras que la UNR le hizo a la provincia “exista alguna cláusula reservada en relación al destino de ese espacio que tiene un valor inmobiliario elevadísimo”. “No sabemos qué proyecta el gobierno provincial en ese espacio y lo que hemos visto en desarrollos urbanísticos en espacios de este tipo son desarrollos que no solo no contemplan a las familias en las consultas sino que además son desarrollos urbanísticos para otra población y no para quienes vivieron históricamente ahí”, concluyó Vera.

Foto: Raíz Comunicación

Gentrificar no es urbanizar

Las ciudades que apuestan al crecimiento posicionándose como atractivos turísticos, suelen atravesar profundos procesos de transformación guidados por la ambición de convertirse en ciudades con marca propia. El concepto gentrificación no es moneda corriente por estos lados, pero sí sus principales características hace años comenzaron a manifestarse en Rosario de la mano del llamado boom inmobiliario. Gentrificación, explica un artículo del Club de Investigaciones Urbanas en revista Crisis, es un concepto inglés que proviene de “gentry”, y en Argentina puede traducirse como “gente de bien”, modismo arraigado en la cultura nacional para hacer referencia a las clases con alto poder adquisitivo. La Gentrificación, entonces, es un proceso que lleva a transformar sectores de una ciudad convirtiendo barrios populares en sectores habitables o explotables para clases altas.

En Rosario, explica el artículo, hace años se instaló la “Marca Rosario”, con manifestaciones tan fuertes como el enorme cartel publicitario que pudo verse hasta hace un tiempo saliendo de la villa ubicada en el acceso sur de la ciudad y paradójicamente decía “Rosario, la mejor ciudad para vivir”. Y hay claros ejemplos de procesos internos con características de gentrificación. “El primero de ellos es Puerto Norte, tal vez el emprendimiento inmobiliario más ambicioso de toda la historia de la ciudad, y sólo comparable en el país con Puerto Madero en Buenos Aires. Es un caso de lo que se conoce como gentrificación por nuevas construcciones que afectan no sólo a las tierras donde se están levantando los nuevos complejos de torres (en donde se desplazaron pobladores de “asentamientos irregulares” que llevaban varias generaciones ocupando tierras fiscales), sino además contagia el lindero barrio Refinería, uno de los más antiguos barrios obreros de la ciudad, actualmente en pleno proceso de gentrificación”, explica el Club de Investigaciones Urbanas en dicho análisis.

Respecto de la zona sur, que en parte abarca el terreno de República de La Sexta hoy en conflicto, se destaca otra característica. El artículo menciona la zona que limita con el río Paraná y analiza: “La especulación inmobiliaria comienza a mirar con ansias el cordón sur. Esa parece ser la tendencia. Y allí la gentrificación muestra otra cara, que no tiene que ver con el desplazamiento de las poblaciones sino con un movimiento anterior: la precarización y relativo abandono de la zona en función de la desvalorización de los terrenos y las viviendas que, así, pueden ser adquiridas más fácilmente”. Así, este artículo publicado en el año 2012 hoy podría significar un análisis acertado del porvenir de esta zona de la ciudad que permaneció en el olvido hasta que las autoridades gubernamentales presentaron el actual proyecto. El silencio de las autoridades sobre los planes para determinado sector del territorio en conflicto y la experiencia reciente invitan a la duda. Y los desplazamientos, de los que este artículo de hace seis años habla como una etapa superior, comenzaron a aparecer, mostrando, acaso, la expresión más acabada de la Marca Rosario.

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