En Villa Constitución hay un escenario complejo con dos actores bien diferenciados. Por un lado, gobiernos y empresas que pretenden digitar la vida de las poblaciones. Y por otro lado, una organización de vecinos y vecinas autoconvocadas que exigen discutir y participar en las decisiones sobre el futuro de los territorios. La vinculación de Nitron con el Presidente, la resistencia de Villa Sin Venenos, el acampe, la represión y la necesidad de una consulta popular.

Fotos: David Silva

Natalia Pascua es vecina de Villa Constitución y desde hace dos años está inmersa en una lucha que probablemente nunca imaginó. Los primeros en alertarse fueron los vecinos de los barrios que están pegados a la Zona Franca Santafesina, cuando en 2017 vieron aquel cartel en la ruta que anunciaba: “Nitron, operando próximamente”.

El primer viaje presidencial de Mauricio Macri fue a Estados Unidos y volvió anunciando con bombos y platillos lo que sería la primera inversión que conseguía el gobierno. En junio de 2017 los medios lo contaban de la siguiente manera: La empresa estadounidense Nitron, la segunda comercializadora de fertilizantes a nivel mundial, invertirá cuarenta millones de dólares en la zona franca de Villa Constitución. Javier Urrutia, el presidente de Nitron, lo contaba así: ´el cambio de política producido por el gobierno actual de Argentina generó una mejora importante para el campo, que se tradujo en una fuerte perspectiva de crecimiento para la producción de granos y el uso de fertilizantes´. Quienes habitan la ciudad de Villa Constitución lo verían con otros ojos y lo contarían de otra manera.

Cuando leyeron los diarios y vieron el cartel en la ruta empezaron a juntar firmas en esos barrios linderos a la zona franca que están a trescientos metros de los galpones de la empresa. Al principio quienes empezaron con la junta de firmas eran menos de diez personas que vivían en zonas más alejadas pero que entendían que lo que estaba en juego era la salud de toda la ciudad. Natalia se refiere a esos comienzos: “Éramos un grupito de gente intentando buscar información”.

La primera acción que tomaron, además de la junta de firmas, fue el pedido de una audiencia pública para que las autoridades les explicaran lo que estaba sucediendo con esta empresa en la zona franca. La lucha pariría una agrupación: Villa Sin Venenos, que desde entonces creció y se fortaleció. Pasaron de ser entre veinte y treinta personas en 2017 a asambleas que no bajan de las doscientas personas.

Nitron Group Corporation es líder mundial en comercialización de químicos y fertilizantes para la agricultura. Según datos de la propia empresa, comercializa más de cinco millones de toneladas métricas por año. En una nota que publicó enREDando el año pasado, integrantes de Villa Sin Venenos contaban sobre las contradicciones que tenía el discurso de la empresa que al principio afirmaba que el fertilizante vendría empaquetado y en la zona franca sólo sería almacenado pero en otro momento decía que vendría a granel para ser fraccionado, mezclado y empaquetado. Varios de los nuevos compuestos que surgirían de esas mezclas son explosivos, sobre todo la urea y el nitrato de amonio, que es el compuesto químico que tenía la bomba que destruyó la AMIA en 1994.

En marzo de este año las y los vecinos vieron que estaban ingresando camiones al predio de la zona franca. Supieron que los ingresos habían arrancado en enero. Se preguntaron cómo era posible si no tenían la habilitación para operar. En ese momento se enteraron que el municipio le había otorgado a la empresa la habilitación provisoria. Por eso en asamblea decidieron acampar en la zona franca. Era un modo de controlar el ingreso de camiones, que en su mayoría llegaban de madrugada. Una guardia rotativa garantizaba la vigilia con atención veinticuatro horas durante dos meses. Cada vez que ingresaba un camión filmaban, sacaban fotos e iban haciendo un inventario con la cantidad de camiones que ingresaban, las características, el día y la hora. En ningún momento la carpa quedó sola. Más de cien personas organizadas en grupos de trabajo: organizar los turnos, cocinar, conseguir los insumos para la carpa, registrar con fotos y videos, hacer la difusión.

Mucho palo pa´ que aprenda

El miércoles ocho de mayo estaban haciendo una asamblea abierta en el acampe, decidiendo el futuro de la carpa y cómo actuar frente a los camiones de la empresa que estaban ingresando desde la semana anterior. La habilitación provisoria había vencido el 31 de marzo y públicamente no se había dado la habilitación definitiva. “Suponíamos que si no estaba publicada esa información en el Boletín Oficial ni había ningún decreto acerca de que se extendiera la habilitación provisoria o se diera la definitiva, los camiones que estaban ingresando lo estaban haciendo de manera ilegal”, cuenta Bárbara Chazarreta, una de las abogadas de la organización. Desde la agrupación Villa Sin Venenos habían pedido información al Concejo pero no tuvieron ninguna respuesta.

Cerca de las diez de la noche uno de los vecinos advirtió que estaba entrando un camión a la empresa. A los pocos minutos empezaron a recibir en los celulares las fotos que mandaban compañeros desde otros puntos de la ciudad donde se veía la fila con más de treinta camiones que entraban a la ciudad y se acercaban a la zona franca. Las sesenta personas que estaban en ese momento en la asamblea decidieron empezar una caminata continua yendo y viniendo por el camino de ingreso a la empresa que está sobre la vereda. Ese recorrido, que se conoce como el “Camino saludable”, generalmente es usado por los vecinos para caminar o andar en bicicleta. La decisión no fue cortar la ruta sino caminar por la senda pública. Como los manifestantes se pisaban los talones marchando ida y vuelta de forma permanente, los camiones no podían ingresar al predio. Por eso pararon en la banquina haciendo una fila interminable. Estaba previsto el ingreso de doscientos camiones.

Bárbara cuenta que uno de los camioneros “trató de ingresar de mala manera” pero cuando vio que no podía se retiró. Después la situación pareció calmarse. Los camioneros ya eran avisados y se quedaban parados en la banquina. Cuando vieron que aparentemente la situación estaba tranquila y cuando parecía que los camioneros estaban durmiendo, varias personas se fueron a sus casas a descansar y el grupo de manifestantes se redujo considerablemente. Eran cerca de las dos de la mañana. La tranquilidad sólo duró media hora porque a las dos y media llegaron agentes de Infantería de la Policía de Santa Fe con sus escudos y bastones. Les pegaron a los pocos manifestantes que había, tiraron gases lacrimógenos y balas de goma. Los celulares grabaron a la policía disparando y los cartuchos iban quedando en el piso como la prueba inocultable de una represión a la protesta, como la única respuesta que tuvieron los y las vecinas que desde hace dos años vienen haciendo preguntas.

Después de la primera represión –sí, todavía faltaría una segunda vuelta- algunas personas fueron al hospital porque estaban heridas. Natalia recuerda que corrieron la voz y a los pocos minutos “era un mundo de gente que se acercó al lugar”. A las cuatro de la mañana, por orden de la empresa, un camionero cruzó el camión por la ruta 21, impidiendo la circulación por la ruta de ingreso a la zona franca. La Municipalidad esperó ocho horas para pedir que sacaran el camión de la ruta. Para Natalia fue una provocación y un modo de imponerse, “de decir yo acá hago lo que quiero”. Dice que se puede esperar que un privado se maneje con tal impunidad pero que el aval del Estado municipal y provincial “habla del desamparo que se vive acá”. Para Bárbara quedó claro que “ante el interés del pueblo que viene reclamando hace dos años, gobierna el interés privado por encima del municipio y de la provincia. Este hecho fue gravísimo en cuanto a la demostración del poder que manejan en la zona franca”.

A primera hora de la mañana la abogada confirmó que Fiscalía no había tomado intervención y que no había orden judicial para desalojar el lugar. De todas maneras, la policía había anunciado que no dudaría en usar la fuerza para “despejar el lugar”. En el medio un camionero renunció a su trabajo por el enojo y el camión quedó sin conductor. En ese momento un empleado de la zona franca tomó el camión y trató de avanzar sobre la gente, acelerando y amenazando. Bárbara recuerda que para poder hacer una asamblea le pidieron a la policía que corriera el camión que trataba de avanzar pero que no hubo manera de lograr eso. En la asamblea debatieron qué hacer y la decisión fue unánime: quedarse. “Había emoción, nervios, llanto, angustia, miedo. Pero nunca hubo ni siquiera un empujón de nuestra parte”, aclara Chazarreta, que a partir de la decisión de la asamblea fue a la Fiscalía a realizar un habeas corpus preventivo frente a la amenaza de la policía que decía que iba a actuar.

Cuando la abogada estaba realizando el trámite empezó la segunda represión. Hubo empujones, palazos y detenciones. Esta vez sin balas de goma ni gases lacrimógenos. Bárbara, que se enteró que habían detenido a cuatro personas cuando volvió al acampe, cree que el hecho de que la segunda represión no haya sido peor tuvo que ver con que no eran sesenta como a la madrugada sino cuatrocientas personas. “Los que estaban aguantando eran en su mayoría pibes de entre 18 y 25 años. También se quisieron llevar a gente grande. Era agarrar a cualquiera. Agarraban y metían al móvil”, dice la abogada. Natalia cuenta que se los llevaron sin dar ningún tipo de información y que las detenciones fueron al azar porque tres de los que se llevaron apoyaban la causa pero nunca habían ido a ninguna manifestación. “Ese día se acercaron a preguntar si podían ayudar con algo y la policía los llevó”. Bárbara dice que los cuatro detenidos son padres de familia que nunca habían tenido un ingreso a la policía y estaban asustados. “Los chicaneaban con que los iban a llevar con los demás presos. Tres de ellos era la primera vez que iban a manifestarse públicamente poniendo el cuerpo”. Los detenidos, que no tenían ninguna imputación, fueron liberados cerca de la medianoche cuando la fiscal consideró que no había ningún delito. Mientras tanto, los familiares recorrían las comisarías para ver dónde estaban y no les daban información. “Es terrible porque estamos en democracia y el relato remite a otros tiempos. Fue una situación horrible para las familias de esas personas”, dice Natalia.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) llegó al acampe y también pidió un habeas corpus como organización. También llegaron los concejales que intentaron negociar pero no consiguieron mucho. Recién ahí la policía bajó la guardia y la cosa se empezó a tranquilizar. “Cuando tuvimos la confirmación de que los compañeros demorados no tenían lesiones y no habían sido llevados junto a los demás presos, llevamos esa tranquilidad a la asamblea”, cuenta Bárbara. Una de las informaciones que circulaba era que llegarían oficiales de Rosario. Bárbara dice que como Villa Constitución es una ciudad chica conocen a los policías porque se cruzan en el barrio, en el banco o en el supermercado. “Si hubieran llegado policías de Rosario creo que hubiera sido otra la historia”, dice, y plantea que se pretendía instalar una guerra de trabajadores contra trabajadores. El día anterior habían sido los episodios en Electrolux con la presencia de la patota de la UOM y en la zona franca de Villa existía la posibilidad de que llegara alguna patota de Camioneros.

Durante la tarde los concejales aparecieron con la habilitación definitiva que el municipio le había dado a la empresa. Hasta ese momento en la Asamblea no sabían nada al respecto. Esa mañana Bárbara Chazarreta había hablado con uno de los concejales pidiéndole información sobre la habilitación y le habían dicho que no había nada. Buscaron en el Boletín Oficial y en los decretos desde el 31 de marzo, pero no había ninguna publicación. Cuando fue a preguntar a la Municipalidad nadie sabía nada. Les dijeron que la habilitación definitiva había salido hacía dos meses, antes de que terminara la habilitación provisoria. Pero esa información, que es pública y que debería haber estado publicada desde el primer momento, se había ocultado. “Se les fue de las manos, tuvieron que decir que estaba la habilitación definitiva después de una represión. Por eso insistimos en la responsabilidad del municipio al permitir que se llegue a esta situación”, plantea Bárbara.

Evaluando el estado de situación, y teniendo en cuenta que además se acercaba la noche y llovía, desde la Asamblea decidieron levantar el acampe, despejar el lugar y permitir que entraran los camiones, pero antes esperaron que liberaran a los cuatro compañeros detenidos. “Resolvimos en una asamblea que levantábamos el acampe y que nos trasladaríamos a la plaza central que está frente a la Municipalidad en forma de repudio y para dirigir el reclamo de ahora en adelante directamente sobre el municipio”, dice Natalia.

Cualquier relación no es pura coincidencia

La zona franca está libre de impuestos por lo que Nitron no le dejaría ganancias a Villa Constitución. Por otro lado, es de público conocimiento que la generación de puestos de trabajo que supuestamente traería la empresa ya no es tal. Las habilitaciones que faltaban para que pudieran realizarse operaciones en la zona franca se agilizaron con el gobierno de Macri. La licitación la ganó Zofravilla S.A., una UTE (Unión Transitoria de Empresas) que tiene la concesión de la zona franca durante treinta años. Uno de los directores de Zofravilla es Guillermo Misiano y la primera usuaria que contrataron es el grupo PTP, cuyo director es el mismo Guillermo Misiano, quien se contactó con Nitron. “Hay todo un entramado que termina en tres personas”, dice la abogada. En la mesa de Mirtha Legrand, Elisa Carrió  había denunciado que Misiano tenía pedido de captura en Paraguay porque estaba relacionado con la trata, el lavado de dinero y el narcotráfico. En su denuncia, Carrió decía que Misiano pretendía conectar toda la hidrovía desde Paraguay hacia Brasil y Argentina. Bárbara dice que eso es lo que está pasando ahora con el puerto que construyeron en la Zona Franca Santafesina. La semana pasada anunciaron que próximamente inaugurarán el puerto en Villa Constitución. Elisa Carrió descartó la denuncia cuando supo de la vinculación que Misiano tenía con Mauricio Macri.

Bárbara dice que esta forma de manejarse entre los gobiernos y los privados no se limita a la zona franca. Recuerda que hace menos de un año deforestaron todo el bosque nativo para la construcción del puerto. Después de la deforestación no quedó ni un solo árbol en pie. Muy al margen de la sanción los vecinos ya habían perdido ese bosque nativo. En las orillas de los ríos hay cien metros que son de uso público y en el mapa de la provincia están marcados como zona roja donde está prohibido deforestar. Bárbara dice que “era uno de los pocos bosques nativos que pertenecía a Villa Constitución pero hicieron lo que quisieron”.

El primer paso para habilitar una empresa es el uso conforme del suelo que se obtiene cuando la Provincia le da a la empresa determinado territorio para trabajar. Desde la Asamblea Villa Sin Venenos plantean que el uso del suelo no está bien dado a Nitron. La zona franca tiene un uso industrial pero debe darse el uso a cada empresa en particular. En el ordenamiento territorial dice que es una zona industrial que requiere un uso específico en casos de fertilizantes o agroquímicos. “Nuestra legislación prevé que en estos casos haya un permiso especial. Nosotros llevamos eso a la Justicia pero todavía no se expidió al respecto”, cuenta la abogada. Como la zona franca es zona aduanera, el poder de policía está dividido entre Nación y Provincia. “La Municipalidad dice que la zona franca es una embajada y que ellos no pueden intervenir. Pero la Constitución le da el poder territorial, el poder de policía para decidir si una empresa puede instalarse o no”.

El segundo paso para que la empresa logre la habilitación, antes de la autorización por parte de la Municipalidad, es el estudio de impacto ambiental. Cuando pidieron la primera audiencia pública para pedir información, el 17 de octubre de 2017, el Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Cesar Mackler, les dijo que no había nada presentado por Nitron. Dos semanas después de esa audiencia presentaron el informe de impacto ambiental que se aprobó en tiempo record en menos de tres meses. Antes de que se aprobara el informe, los vecinos y vecinas ya habían juntado diez mil firmas que presentaron en la Municipalidad para solicitar la consulta popular. Por los medios de comunicación se enteraron que el estudio de impacto ambiental estaba aprobado. Como el informe tenía tres tomos, no pudieron verlo todo en una reunión. Para que lo vieran le mandaban las copias de a partes y parte del expediente como las normas de seguridad estaban en inglés. Desde Villa Sin Venenos apelaron la aprobación del informe alegando todas las irregularidades y contradicciones, como por ejemplo, que habían dicho en los medios que traerían fertilizantes líquidos y en el informe ambiental sólo figuraban fertilizantes sólidos.

La Provincia le exige a la empresa que tenga máquinas antiexplosivas, por lo tanto reconoce que hay riesgo de explosión. Cuando fueron al galpón no encontraron ninguna máquina antiexplosiva y tampoco una manera de evacuar en caso de incendio. “Las cuestiones de seguridad no están cumplimentadas”, sostiene Bárbara, y explica que en el informe se incluyen algunas preguntas de orden práctico. ¿Qué haría usted en caso de derrame? Lo juntamos con una escoba y una pala. ¿Qué pasa se hay un derrame en medio de la ruta? Si hay derrame es por culpa del camionero que no cerró bien la lona del camión. Y si se prende fuego ese derrame puede ser porque el camionero tiró una colilla de cigarrillo. “Ese nivel maneja el informe, poniendo el eje en el camionero y evitando garantizar un plan de seguridad viable”, dice Chazarreta. “Estamos hablando de toneladas de fertilizantes. En una parte del informe decía que ingresaría un camión por día, en otra parte decía que serían cuatro por día y en otro lado que serían cinco camiones por hora”.

Para Natalia es claro que los gobiernos están jugando a favor de las grandes corporaciones. Nitron es una empresa multinacional que opera principalmente en los países latinos. Natalia también entiende que esta situación se da en las distintas geografías y que por eso hay muchas luchas de vecinos a lo largo y a lo ancho del país que resisten estos emprendimientos contaminantes del medio ambiente. “Hay una intendencia que nos desampara frente a este monstruo yankee que mueve un montón de dinero y nos va a traer más de ciento sesenta mil toneladas de fertilizantes”.

En una charla que organizó la Asamblea el año pasado, Damián Marino (CONICET) y Damián Verseñazi (UNR) explicaron que la contaminación y las enfermedades son producto de un coctel entre los fertilizantes y la polución. “Los casos de cáncer que hay en los barrios que rodean a la zona industrial son terribles”, dice Natalia, y agrega que los vecinos se están enfermando hace tiempo. “Cómo les vamos a sumar la contaminación de esta empresa que opera en la zona franca sin pagar impuestos y que se maneja con total impunidad, mandando a la policía a reprimir y cortando una ruta provincial”.

Cuando levantaron el acampe en la zona franca, trasladaron el armazón de la carpa en una marcha masiva con más de mil personas que fueron hasta la plaza central de la ciudad, donde ahora está montada la carpa. Lo que exigen es lo mismo que hace dos años: una consulta popular. El día siguiente a la represión el intendente convocó a una reunión para empezar a reglamentar la consulta popular. “Para ellos es un dolor de cabeza terrible que estemos en la plaza porque es momento eleccionario. Creo que hubieran preferido que nos quedemos en el acampe de la zona franca”, dice Bárbara, mientras aclara que “se sientan a dialogar luego de dar todas las habilitaciones”. A pesar de la bronca que sienten  por todo lo que se podría haber evitado si el municipio se hubiera manejado de otra forma, avisan: “La lucha sigue y cada vez con más fuerza”.

Natalia cuenta que la idea es que en la carpa haya fuerte presencia e información para la gente que pase por esa zona que es muy transitada. “Seguimos juntando firmas hasta que se reglamente la consulta popular. La lucha continúa porque queremos decidir sobre el destino de la ciudad. Juntamos más de diez mil firmas en un tiempo record el año pasado. Ahora redoblamos la apuesta. No sólo exigimos la consulta popular sino que se impida el ingreso de otro emprendimiento que maneje agrotóxicos en la zona urbana”.

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