Ramallo, San Nicolás, Villa Constitución: un modelo empresarial que avanza sobre el ambiente y los recursos naturales y una comunidad movilizada en cada ciudad. La conformación de un Cordón Ambiental que resiste desde las bases. 

 

“En sus diez mandamientos, Dios olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que nos envió desde el monte Sinaí, el Señor hubiera podido agregar, pongamos por caso: ‘Honrarás a la naturaleza de la que formas parte’. Pero no se le ocurrió”.

(Eduardo Galeano – “Úselo y tírelo”)

 

Pleno corazón del Cordón Industrial. Año de la peste. Las quemas continuas de las islas del delta del río Paraná son la figurita repetida. La bajante histórica del río, una sequía extrema en la región y la profundización del monocultivo de soja están devastando fuego tras fuego una región entera de humedales. Mientras, los agronegocios y la instalación de un modelo empresarial en los palacios municipales se lleva por delante la salud de los habitantes de toda la región, permitiendo la instalación de empresas contaminantes y tapando el bosque a base de cemento.

Las ciudades de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución forman un continuo al que poco le importan las fronteras. El movimiento entre las tres es constante, y sus horizontes también son similares. Parte del antaño “Pago de los Arroyos”, son ciudades de cara al río que a mediados del siglo XX dejaron de lado un perfil de quintas y viñedos para volcarse a la producción fabril, principalmente con un perfil siderúrgico. De esta manera, las chimeneas se reprodujeron en el horizonte, y sus cielos se tiñen de rojo y sus aguas de un color pastoso, poco probable en un río sin efluentes industriales.

Con empresarios dueños de todo lo que se hace, se produce y se respira, los gobiernos municipales van acatando sus deseos, otorgando tierras fiscales, siendo indiferentes a los vertidos y desechos que ocasionan, dando apenas tibias declaraciones cuando ya el humo no puede ocultarse. Mientras todo eso ocurre, la resistencia viene de las bases con organizaciones ambientales poniendo el cuerpo frente a cada avanzada, con marchas, festivales y acampes, conformando lo que llaman “El Cordón Ambiental”. Resistiendo entre el humo y el veneno que circula libre y descaradamente por toda la región.

Un acampe frente al Yaguarón

La organización ambiental más joven de la región es la Comunidad Nicoleña por el Medio Ambiente (CONA), nacida este año entre los reclamos por las quemas en las islas. Desde el 3 de noviembre un acampe organizado por esta agrupación se instala en el ingreso al Parque Natural “Rafael de Aguiar”, área protegida de la ciudad de San Nicolás, luego de que la Municipalidad al mando del intendente Manuel Passaglia, iniciara un plan de puesta en valor y reparación de un terraplén que se había derrumbado a causa de la bajante, retirando árboles nativos y descargando materiales contaminantes para realizar el relleno del espacio faltante.

El Parque Regional, Forestal y Botánico «Rafael de Aguiar» fue creado por ordenanza municipal en 1959. En el año 2010 se llevó adelante el “Plan de manejo del Parque Aguiar” por parte de un equipo interdisciplinario y por el cual se establecen pautas de trabajo en esta reserva de 1500 hectáreas en el norte de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, la ordenanza 8235 del año 2012 declaró este espacio como área natural protegida, siendo de jurisdicción provincial pero administrada por la municipalidad de San Nicolás de los Arroyos.

Una decena de carpas se extiende luego de la tranquera de entrada al camino que bordea el Arroyo Yaguarón, uno de los efluentes del río Paraná. Hace más de un mes que están instalados, realizando intervenciones artísticas, actividades de reconocimiento de la flora y fauna del lugar y denunciando una realidad que pocos quieren ver, a pesar de estar a la vista de todos.

“Un humedal es un gran reservorio de vida, tanto de flora y fauna como los seres humanos que estamos en ellos. Este Parque es nuestro gran pulmón verde”, plantea Matías Russo de CONA. La agrupación se enfoca no solamente en el reclamo sino en acciones educativas con escuelas de la ciudad y proponen el lema “Conocer para valorar”, apostando al compromiso ciudadano por el medio ambiente.

“Estamos acampando desde el día que se iniciaron las obras, cuando empezaron a ingresar los camiones a descargar el material que es una mezcla de tosca, escombros, escoria y residuos de alto horno; materiales altamente contaminantes. Nos presentamos y estaban retirando árboles para ensanchar el camino y avanzar sobre la laguna”, relata Julia Monti, del grupo de ambientalistas. “Todo eso se da en el marco donde existe un amparo que data de 2017, presentado por la organización ambientalista FOMEA que prohíbe los movimientos del suelo en el parque. Haciendo valer eso, es que decidimos plantarnos acá para que esa obra, que es ilegal, poco amable con el ambiente natural, para la cual no se había llamado a licitación ni estaba presentado el plan de innovación, ni comunicado el plan de impacto ambiental, no comenzara. La municipalidad tiene que atenerse a una serie de pasos que no cumplieron”.

Y llegaron así con una marcha a las puertas del Palacio Municipal, al que encontraron cerrado y con un cordón policial. Enarbolando máscaras que representaban a la fauna nativa, bailando y cantando. Cada uno depositó una de las enormes piedras pensadas para el relleno. Los policías locales los miraban inmutables. A un costado, un empleado municipal, encadenado al ingreso por un reclamo salarial, completaba el escenario mientras de fondo una gran columna de humo proveniente de las islas Lechiguanas se recortaba en el horizonte. Imágenes dantescas de una ciudad en llamas por una pandemia y un municipio abocado mayormente a golpes de efecto y campañas publicitarias.

El viernes 27 de noviembre, la Municipalidad por medio de un comunicado oficial informó que recibió la resolución del Juzgado contencioso de la ciudad de Junín, al haberse recusado la jueza local, el cual indicaba la necesidad de continuar de manera inmediata con los trabajos de restauración del camino costero del Parque Rafael de Aguiar “con el fin de proteger la salud de los transeúntes del lugar”, reiniciando las obras a pesar del reclamo vigente.

Frente a esto, se convocó rápidamente a un abrazo simbólico. Algunos se fueron acercando y se colocaron frente a las máquinas, poniendo el cuerpo al reclamo. En pocos minutos, funcionarios municipales y efectivos policiales llegaron al lugar, informando la contravención y obligando a retirarse del espacio. La Municipalidad convocó luego a la organización a una reunión con otros sectores relacionados al ambiente pero sin llegar a acuerdos a corto plazo.

El acampe sigue, con la resistencia de unos cuantos manteniendo la vigilia mientras las excavadoras suben y bajan, haciendo caso omiso a proyectos más sustentables y acordes a lo que un área natural protegida requiere, haciendo valer la ley del más fuerte a orillas del arroyo Yaguarón.

Nitrón y la resistencia villense

Villa Constitución cuenta con una larga historia de luchas obreras y reclamos laborales. A lo largo de la ruta provincial 21 las fábricas se suceden y frente a ellas, cientos de vecinos respiran un aire turbio y consumen el agua, proveniente en un 80% de pozo, la cual recibe a diario los desechos de agroquímicos en sus napas. La tasa de enfermedades oncológicas es superior a la media y, sin embargo, las empresas funcionan sin normas ambientales para revertir una situación peligrosa para los habitantes del sur de Santa Fe.

Un mural en un paredón del Barrio El Palmar, ubicado frente a la Zona Franca Santafesina, recuerda los más de sesenta días de acampe, la resistencia frente a la represión e infinidad de asambleas, festivales y eventos organizados por la organización Villa sin Venenos (VSV), que viene trabajando en la ciudad desde el año 2017. Ese año, la aparición de un cartel informando la instalación de la firma Nitrón S.A., la cual comercializa agroquímicos, despertó la preocupación de vecinos autoconvocados ante la potencial peligrosidad de un depósito de fertilizantes en una zona densamente poblada de la ciudad de Villa Constitución y los embarcó en un largo camino de luchas tanto desde la vía legal, como desde el reclamo directo.

“Pronto salieron noticias en los diarios locales vendiendo el progreso, cantidades de puestos de trabajo, inversiones millonarias en Villa. Se hablaba de más de doscientos puestos de trabajo, y actualmente pudimos comprobar que no utilizan prácticamente nada. De hecho, en el estudio de impacto ambiental que está declarado en el Ministerio de la Provincia ellos prometen seis puestos de trabajo y se pudo comprobar incluso, cuando se hizo una inspección judicial, que tenía un solo trabajador inscripto en la firma, siendo el resto jornaleros”, detalla Víctor Secreto, de VSV.

La Zona Franca Santafesina, de unas 56 hectáreas a la orilla del Río Paraná, fue concesionada por 30 años a la firma Zofravilla S.A, con su accionista mayoritario PTP Group, dirigido por el empresario nicoleño Guillermo Misiano, quien también se encuentra involucrado en el proyecto de Hidrovía Paraná-Paraguay. La Zona Franca Santafesina fue creada en la década del 90 y actualmente solo tiene en funcionamiento el galpón de Nitrón S.A.

Alertados por la próxima instalación de una empresa de este tenor, se convocó a una Asamblea Popular, mecanismo existente en el Consejo Deliberante de la ciudad al conseguir más de 500 firmas. La misma se vio desbordada de vecinos y se definió activar la ordenanza vigente que legitima el uso de la Consulta Popular Vinculante, para lo que se requería alcanzar las firmas del 10% del padrón electoral, superando en dos meses esta meta y alcanzando las 10.000 firmas. A pesar de esto, la organización se encontró frente a otra traba legal, al no estar reglamentado este mecanismo de democracia semidirecta, lo que recién se realizaría en 2020.

“Esa audiencia pública fue histórica y marcó dos hechos importantísimos: el primero, que era una causa sentida por los vecinos de nuestra ciudad y el segundo era que enfrentábamos a una empresa muy grande y no solo eso, sino que ya empezamos a ver qué tipo de connivencia tenía con algunos sectores políticos que empezaban a hacer la ‘vista gorda’ para que esto se instale”. Prueba de esto es que, en enero de 2018, entre gallos y medianoche y en medio de la feria judicial, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe a cargo del Ingeniero Cesar Mackler aprobó el estudio de impacto ambiental en tiempo récord.

Ese mismo año comenzaría el camino jurídico de la demanda iniciada por la ley 10.000. “La Ley 10000 es una ley de la provincia de Santa Fe sobre interés difuso, que es un interés que es general y no particularmente de una persona, por lo que es una ley a la que se apela en cuestiones ambientales y es dirigida ante una acción u omisión del Estado” detalla Miguel Alfaro, otro de los integrantes de la Asociación. Por su parte, Rodrigo Garzón dice que “nosotros a lo que apuntamos con la ley 10.000 es al mal otorgamiento del uso del suelo, que es el documento base que tiene que presentar todo emprendimiento para después hacer el estudio de impacto ambiental”.

Recién en febrero de 2020, el fallo fue favorable a la organización, por parte de la Jueza Griselda Ferrari del Juzgado en 1° instancia en lo civil y comercial de la 2° denominación de los Tribunales de Villa Constitución. El municipio villense apeló el fallo, demostrando a las claras de qué lado del mostrador se encuentra y la pandemia solo fue demorando los ya de por sí lentos tiempos judiciales.

En enero 2019 llegó la habilitación provisoria a Nitrón por parte del municipio comandado por el intendente Jorge Berti por lo que se definió la realización de un acampe frente a la Zona Franca, que tendría una duración de unos sesenta días, y la realización de una masiva e histórica Marcha por la Salud, convocando más de dos mil villenses reclamando por un ambiente más sano para vivir.

El 8 de mayo de ese año, camiones cargados de fertilizantes comenzaron a llegar a la zona, y frente al reclamo popular comenzó la represión de los presentes. “Avisan que había llegado un barco a San Nicolás y que venían como treinta camiones. Nos dijeron que no nos podíamos instalar ahí, así que comenzamos a circular, al igual que la ronda de las madres. Los camiones comenzaron a acumularse y la situación se puso tensa con la llegada de la policía. A la madrugada se da la primera represión y al mediodía la cosa se pone más tensa, con efectivos de Rosario y un montón de camiones acumulados”, relata Garzón mientras mira de frente el cartel de la Zona Franca, testigo mudo de los hechos.

La resistencia duró más de 24 horas, bajo la lluvia y la presión de la policía, mientras se acumulaban los vecinos en el acampe y finalizó con la detención arbitraria de cuatro manifestantes. En asamblea, frente a esta situación y con el ánimo por el piso, se enteraron que el municipio le había dado la habilitación definitiva a la empresa y los convocaba a una audiencia para el día siguiente. En la Zona Franca, los camiones comenzaban a ingresar, ya habilitados legalmente. Esa batalla, al menos, estaba perdida. Pero no abandonaron la lucha. Mudaron la carpa hasta el centro, pero la dinámica de la lucha había cambiado y “este año nos encontramos con la carpa armada, aunque no habilitada por la pandemia, como símbolo de lucha; una consulta reglamentada y la sentencia que afirma que está mal otorgado el uso del suelo. Pero la empresa sigue funcionando”.

Villa Constitución tiene una larga historia de lucha y problemas ambientales de todo tipo relacionados con el mal tratamiento de los residuos cloacales, la presencia de un basural a cielo abierto, la presencia de Acindar que sigue utilizando plomo en la fabricación de acero y contaminación de las napas por los vertidos de agroquímicos. Con una tasa de incidencia de cáncer más alta que la media, es urgente la tarea de las organizaciones ambientales como contralor de un Estado más interesado en los negocios que en la salud de la población en su conjunto.

Foto: David Ezequiel Silva

Ramallo y la lucha por un Código Urbano amigable con el ambiente

El Camino de la Costa, que une las ciudades de San Nicolás con Ramallo y Villa Ramallo, tiene un solo horizonte: galpones y chimeneas, que se suceden a lo largo de la ruta provincial, solamente alternados por campos de soja. El modelo agroexportador inunda la región, rodeando las ciudades con gigantescos parques industriales que destilan gases oscuros durante los días y las noches. Pero como para los empresarios nunca es suficiente, la búsqueda de extensión de sus límites de producción es continua, por medio de todos los caminos legales y de los otros que tengan a mano. Las intendencias, más allá de sus colores políticos, acuerdan en brindar alegremente todo su apoyo a estas empresas en cualquiera de sus proyectos.

El nombre de Guillermo Misiano, a cargo de PTP Group vuelve a aparecer en escena, como principal impulsor de un puerto multipropósito y por las denuncias por la instalación de un depósito de fertilizante fosforado bajo la firma Agri Liquid Solutions S.A. en las inmediaciones del arroyo Marcone. De uno y otro lado del cordón industrial las sospechas por irregularidades en el otorgamiento de tierras, en las condiciones laborales de sus empresas y en las habilitaciones de estas se repiten, frente a estados municipales que brindan todo su aparato en facilitarle cualquier trámite que emprenda.

El Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) es un documento que establece cómo se usará el territorio en una comunidad, delimitando las zonas rurales, industriales y de protección ambiental, entre otras. Este documento es definido por cada municipio y es necesario para que se respete el uso designado a cada zona.  En el partido de Ramallo, en el año 2013 el gobierno municipal impulsó su modificación para establecer como zonas industriales algunas zonas rurales como por ejemplo la conocida como “El Tonelero”.

El Tonelero es un paraje ubicado sobre la margen derecha del Río Paraná, en terrenos fiscales. Su relevancia histórica está dada por haber sido escenario de algunas de las más importantes luchas por la soberanía nacional y su relevancia ambiental, por ser uno de los humedales más grandes de la provincia de Buenos Aires. En este lugar, PTP Group pretendía instalar un puerto multipropósito, lo que derivó en un reclamo sin precedentes en la localidad bonaerense, bajo el lema “El Tonelero no se toca”.

“El Tonelero es la gran bandera de lucha de nuestra organización, por lo que se empieza a disputar el código y que es la defensa de ese lugar y de la costa norte de Ramallo”, explica Nicolás Cerretani, la ONG “Unidos por la vida y el medio ambiente” (UPVA).

“La problemática del COUT viene de larga data y es la madre de los problemas. Es una norma que define qué se puede hacer en cada espacio, qué tipo de actividad se puede realizar ahí. El Código nuestro es arcaico, data del año 1989 y Ramallo necesita un nuevo Código. El proyecto de 2013 lo que quería era convertir todo lo que es la franja norte de Ramallo, desde Siderar hasta la Terminal de Fiplasto, en un cordón industrial. A lo largo de los años tuvo un montón de marchas y contramarchas. Cambiaron los gobiernos y las administraciones y el proyecto seguía parado, en parte por las inconsistencias de la misma normativa, que es un disparate”.

El actual intendente, Gustavo Perie, se encuentra apoyando el proyecto de la instalación del puerto multipropósito y la aprobación de un COUT que así lo permita. La modificación del COUT es un proyecto histórico de las empresas constructoras que los distintos intendentes que han gobernado Ramallo en los últimos años han intentado. Primero Ariel Santalla de la UCR, luego Mauro Polleti del PJ y del Frente Todos y en la actualidad Perie de Juntos por el Cambio. No hay grieta para los intereses económicos.

A partir del rechazo social que generó el impulso del proyecto anterior, ahora se plantea hacerlo por medio de la Comisión Participativa para el Ordenamiento Territorial (COPOT), aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de Ramallo el pasado 19 de noviembre. “Este año se votó una comisión, encargada de la creación de un código desde foja cero, con participación de las organizaciones vecinales, entre las cuales estaríamos nosotros. Así que ahora la disputa es esa, ver cómo se constituye esa comisión, cuanta gente cercana a nuestros intereses podamos llegar a involucrar, y si eso no ocurre, cuál será el plan de lucha para que eso ocurra”.

El escenario en el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe en materia ambiental es complejo y es considerada una zona caliente entre los estudios ambientales, con altas tasas de enfermedades relacionadas a las industrias de la zona, con empresarios dueños de casi todo y sectores políticos altamente influenciados por estas industrias y su poderío. Mientras todo eso pasa, las agrupaciones ambientales resisten, tanto desde la vía legal como por medio de acciones directas como son las marchas, las campañas de difusión y los acampes. Y tienen trabajo para rato en esta región, a pesar del fuego y del veneno que todo lo cubre.

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