El 2022 se fue con una suba notoria de las muertes jóvenes vinculadas a la criminalidad. En un año con récord de homicidios (288) para Rosario, las muertes de jóvenes y de mujeres engrosan una serie de estadísticas para el olvido. Con ese panorama, en algunos barrios madres y padres tomaron decisiones drásticas como dejar de mandar a los chicos a la escuela. La pelea de docentes, gremios y organizaciones sociales para asistir ahí donde el Estado no llega.

Fotos: Fer Der Meguerditchian 

— Yo sé que ir a la escuela es importante. Pero no me quiero arriesgar más.

En la reunión la palabra circula como un cuchillo filoso que corta el aire tenso y lastima al que habla. Todos escuchan atentos y muchos terminan llorando. Los que hablan transmiten angustia y preocupación; en el lugar no abundan las respuestas. Hay madres, padres, docentes, asistentes escolares, representantes de sindicatos docentes, trabajadores del centro de salud barrial. No hay funcionarios; ni provinciales, ni municipales, ni del área de Seguridad, ni de Educación. En las rejas de la Escuela N° 240 “Lola Mora”, en la zona oeste de la ciudad, dos hojas de carpetas rayadas, escritas con un fibrón negro, anuncian que ese viernes la institución mantendrá sus puertas cerradas por duelo. Lo firma la dirección.

Veinticuatro horas antes Valentín Solís y Eric Galli, de 14 y 15 años, fueron acribillados en la esquina de Sanguinetti y Epinillo. Esa tarde salieron más temprano de la escuela porque en el lugar no había agua y suspendieron las clases. Por eso fueron a sentarse a la entrada del complejo Fonavi, a unos pocos metros de la institución. Las crónicas policiales hablan de tres sicarios que se acercaron y dispararon con una ametralladora. En el lugar se levantaron 16 vainas servidas calibre 9 milímetros.

Ese mismo día, frente a las cámaras de televisión y los micrófonos de los medios de la ciudad, la madre de Valentín, como muchas otras madres de jóvenes asesinados en barrios populares, siente la necesidad de defender la integridad de su hijo: saca las carpetas de estudio y muestra las hojas llenas de felicitaciones. Por si el mensaje no se entiende, la madre lo recalca: “No tenía nada que ver con ninguna cosa de drogas, era un chico aplicado, con notas excelentes en la escuela”.

La investigación del fiscal Adrián Spelta determinó que el ataque estaba dirigido a un tercer chico que se encontraba con los dos adolescentes en ese momento, al que una banda narco de la zona perseguía por haberse apartado del grupo sin querer vender más para ellos. “Está acreditado que el objetivo era una de las tres personas. Fallecieron las dos que no eran objetivo del ataque”, declaró el fiscal. Por el hecho dos personas quedaron detenidas por 90 días, una de ellas de 17 años.

La noche anterior al crimen de Eric y Valentín, en la misma zona, desde una moto dispararon hacia una despensa hiriendo a una joven de 15 años y un chico de 14. La tendencia se repite: cada vez más jóvenes engrosan los números de muertes y violencia en un año que resultó récord para la ciudad: 288 asesinatos, la cifra más alta de la historia; mientras que el departamento La Capital, con la ciudad de Santa Fe a la cabeza, cerró con solo 66 muertes violentas, el número más bajo de los últimos 20 años. El nuevo año, hasta el momento parece ser solo un cambio de hoja en el calendario porque en los primeros once días ya se registraron siete asesinatos en la ciudad.

Según los últimos datos publicados por el Observatorio Público de Seguridad Social, la franja que va entre los 15 y los 24 años concentra el 32% de los homicidios. En otras palabras, tres de cada diez homicidios tiene como víctimas a jóvenes de ese rango. Un dato más estremecedor aún: más de la mitad de las muertes están contempladas en un rango de edad que va de los 15 a los 29 años (52,5%). En la misma línea, las muertes en menores de 19 años ascendieron al 20%, unos 6 puntos por encima del año anterior.

Para Juan Pablo Casiello, docente y titular de Amsafe Rosario, la situación que se vive en muchas escuelas de los barrios de Rosario es dramática. “El año pasado crecieron la cantidad de muertes jóvenes, es un dato insoslayable y tenemos lamentablemente un nuevo récord. Hay una baja en la edad de las víctimas, pero también de los chicos y chicas que andan armados trabajando para bandas narcopoliciales, y que terminan siendo victimarios. Es decir, no solo son cada vez más jóvenes los que mueren, sino además los que tiran tiros”, evaluó.

Pero si bien el dato es alarmante y genera preocupación, no se trata de información nueva. Desde hace algunos años Amsafe lleva adelante una suerte de dispositivo bajo la consigna “Basta de matar a nuestros alumnos” y que tiene, como principal objetivo, combatir ciertas estigmatizaciones que se dan ante la muerte de jóvenes que asisten a escuelas de barrios populares. La idea de la iniciativa es recuperar la historia escolar de los chicos, sus biografías, sus historias a partir del relato de los docentes. Información que ayuda a combatir la idea de que esas muertes son un número en una planilla, que ayuda a humanizarlos.

En el marco de ese dispositivo es que el día después de la muerte de Eric y Valentín realizaron una asamblea frente a la escuela con actores de la comunidad docente, pero incorporando también a referentes barriales. Lo que transmitieron los padres es una de las mayores preocupaciones que tienen desde el gremio: se repiten los relatos de madres y padres que decidieron dejar de enviar a los chicos a la escuela por la situación de seguridad.

“Nos juntamos para poner palabras a la situación, para pensar algunas respuestas, algunos reclamos al Estado, y nos encontramos con familias que nos contaban que en el barrio ya no se podía salir a hacer una compra al almacén, o tomar mate debajo de un árbol, porque el riesgo era muy grande. Y el dato que a nosotros nos pegó mucho como docentes fue un par de madres que comentaron sobre el riesgo de transitar de casa a la escuela y que, por lo menos de forma temporaria, habían resuelto no mandar más sus hijos a la escuela, porque no se podía transitar con seguridad. Pareciera que para estos chicos no hay ningún derecho”, expresó Casiello. “Ir a la escuela se ha transformado en una tarea de riesgo. Y esto habla de que la situación es grave”, agregó.

Si en algún momento existió un código donde las escuelas y los docentes aparecían como lugares y personas “intocables” incluso dentro de los barrios con mayor índice de criminalidad, hoy esa frontera pareciera haberse corrido. En esa línea, Casiello propone una hipótesis interesante para abordar: la escuela como una suerte de “competencia” para las bandas delictivas.

“Debemos pensar si no hay alguna política consciente de algunos sectores de disputar con las escuelas. De pensar que las escuelas siguen siendo una trinchera en donde los pibes pueden encontrar otro futuro y algunos sectores vinculados con el delito les interesa que los chicos no puedan ver este futuro y se sumen a las bandas. Me parece que es un tema para profundizar. Las escuelas en esta disputa aparecen elegidas como un blanco para imponer el imperio del delito en el barrio, en la disputa con los pibes”, sostuvo.

Del encuentro también surgieron demandas al Estado que van desde cuestiones que parecen menores, como iluminación en los barrios y mejora en los servicios de transporte, hasta un reclamo puntual al gobierno provincial para que detalle su plan de seguridad para la ciudad: “Hay que invertir mucho en esas escuelas, tienen que ser las mejores. Hay mucho que el Estado tiene que garantizar si en serio quiere dar una disputa con el delito, si en serio quiere avanzar en condiciones para que los chicos y chicas de este barrio puedan construir su proyecto sus sueños de otra manera”.

Causas

Cuando las muertes se acumulan en los barrios son las organizaciones sociales las que intentan contener esas familias, sobre todo en aquellos lugares donde el Estado no llega. Facundo Peralta es militante de Causa, una organización social con anclaje territorial en muchos barrios de la ciudad, pero con fuerte presencia en la zona oeste de Rosario. Y dice que las muertes jóvenes son un tema recurrente en la organización ya desde hace un tiempo: pibas y pibes, niños y niñas que han quedado en medio de balaceras, que en muchos casos han sido heridos y que en tantos otros, perdieron la vida.

Ante esas situaciones, desde la organización se intenta actuar con las herramientas que se tienen a mano. “Acompañamos desde un lugar lo más humano posible. Por un lado pensando en que la familia pueda llevar ese momento de la manera menos traumática posible y después acompañando en la búsqueda de justicia”, cuenta Peralta.

Para el dirigente la escalada de violencia y el protagonismo de los jóvenes como víctimas y victimarios responde a un fenómeno multicausal. Por un lado, la alta circulación de armas de fuego que hay en la ciudad y la región, y por otro una política de seguridad “errónea” por parte del gobierno provincial que se dificulta con los nichos de corrupción hacia adentro de las fuerzas policiales. Las consecuencias de esto son siempre las mismas: sangre joven derramada en los barrios populares.

A su vez, Peralta señaló que existe un retiro del Estado en lo que hace a las políticas que estaban destinadas a la vida de los jóvenes: educación, trabajo, salud, deporte y cultura. Según el dirigente eso que ya era insuficiente durante las gestiones anteriores, ahora empeoró producto de la “burocratización” de algunos programas que tomaron un perfil más productivista. “Nosotros siempre estuvimos en desacuerdo con eso porque justamente son esas políticas, vinculadas a la cultura y el deporte, las que nos permitieron llegar a muchos jóvenes en un contexto donde prima la violencia. Y esto se da en una provincia con dinero, pero que decide no ponerlo en función de estos derechos”, cuestionó.

Como último factor apuntó a una cuestión cultural, donde en muchos jóvenes penetra cada vez más fuerte una cuestión identitaria con las bandas ligadas a la narcocriminalidad: además de la posibilidad de acceder a bienes que toda la vida les fueron imposibilitados, aparece la idea de pertenecer, de formar parte de determinado grupo de poder. Y eso en muchos jóvenes no es poca cosa.

“Hay una cultura vinculada al sistema en el que vivimos en que el negocio del narcotráfico es protagonista. Es una cultura del individualismo, del consumo, donde la vida no vale nada y tener cosas es lo más importante. Y esa batalla que es cultural y política la estamos perdiendo. Los movimientos sociales no pueden dar solos esa batalla, la tiene que dar una sociedad toda, acompañada por el Estado. Y el Estado no está laburando en esa perspectiva”, evaluó.

Con el diagnóstico claro, desde Causa también son conscientes de que la situación puede mejorar, pero no va a terminar. Que se trata de una pelea de largo aliento y que se va a necesitar de organizaciones fuertes para poder modificar el escenario. Para eso reclaman al gobierno la profundización de algunas políticas: el control de las fuerzas de seguridad, el combate a las mafias por medio del lavado del dinero, el control de la circulación de las armas de fuego, la urbanización de barrios populares y una alianza virtuosa entre los movimientos sociales y el Estado. “Si hacemos todo eso, podemos reducir drásticamente el número de muertos”, sostuvo.

Mujeres

La sensación de las organizaciones no solo da cuenta de una cantidad más numerosa de jóvenes involucrados en hechos violentos, sino también una mayor cantidad de mujeres protagonistas como víctimas y como victimarios. Pero a la mera percepción la respaldan los números: del total de homicidios en 2022 un 22,3% fueron mujeres, un crecimiento de 13 puntos en relación al año anterior, cuando las mujeres representaban un 9,4% del total de víctimas. El salto es considerable, solo todo teniendo en cuenta que ese valor se mantuvo en el orden del 10% entre 2015 y 2021.

Para Alejandra Fedele, referente territorial del Movimiento Evita, en el último tiempo se empezó a notar en distintos barrios una vinculación mayor de adolescentes mujeres vinculadas al mundo narcocriminal: “Son muchos los factores por lo que esto pasa. A veces tiene que ver con la venta de drogas, pero muchas otras con otro tipo de relaciones. Aparece la cuestión de vincularse con el narco del barrio, muchas veces por seguridad. Pero generalmente hay un factor social, una falta de proyección y futuro para esas pibas. Y esto lo sabemos por estar en el territorio, porque conversamos con ellas”.

Desde el Evita también articulan políticas de acompañamiento a las familias y seres queridos cuando ocurre una tragedia de este tipo en los barrios donde tienen anclaje territorial. Pero saben que las herramientas que pueden aportar siempre quedan cortas ante una pérdida y por eso también reclaman una mayor presencia del Estado. Hoy lo que ven es “una situación de pobreza diferente”, más profunda, que tiene que ver con la falta de horizonte, de proyectos a futuro para los pibes y pibas de los barrios.

“Faltan políticas reales para estos pibes. Hay que vivir en un barrio como viven ellos, en lugares donde no hay agua, ni posibilidades de consumo. Hoy el Estado no articula con las organizaciones sociales que somos las que sabemos lo que pasa en los territorios y que podemos ayudar a evitarlo. Cuando hay una balacera los vecinos nos llaman a nosotros. Y te das cuenta todo lo que se podría hacer si el Estado estuviese más presente. Hoy la política no solo que no le habla a los pibes, sino que está diciendo lo que una parte de la sociedad quiere escuchar: que son todos vagos y que hay que matarlos a todos”, evaluó.

La mayoría de las organizaciones coincide en que se necesita de consensos multipartidarios para abordar la problemática y comenzar a brindar respuestas a los sectores más vulnerados. En ese marco, Fedele evalúa algunas de las cosas que se necesitan ir mejorando: trabajo y educación. “Los pibes hoy no tienen posibilidades de sobrevivir con un trabajo digno, con la posibilidad de terminar la escuela. La respuesta no puede ser un bono de 5 mil pesos. Es algo grave lo que está pasando y las organizaciones estamos preocupadas y haciendo un trabajo que debería garantizar el Estado”.

Para la dirigente social, la situación se viene complejizando aún más y si no se toman medidas pronto cada vez va a ser más difícil abordarlo: “La diferencia con años anteriores es que se han perdido códigos, cuestiones de comunidad en los barrios. Por eso hoy hay tanta violencia, por eso el que te va a matar es tu vecino, y hay una impunidad grande porque saben todos que nadie dice nada porque si no puede haber represalias. Antes eso no pasaba”.

Al igual que la gente de Causa, Fedele también coincide en que el fenómeno del narcotráfico es muy profundo y no se va a terminar de un momento para el otro. Pero sí se pueden ir articulando estrategias para que los índices de violencia bajen y lograr que los pibes puedan formarse en las escuelas para poder tener una perspectiva de futuro: “Los que hacemos política tenemos que juntarnos sin excepción, y ponernos de acuerdo por lo menos en ver cómo logramos tener menos muertes y más inclusión. Es un tema pendiente del que tenemos que hacernos responsables. Y nos compete a todos”.

 

 

 

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