A seis años de la aprobación de la ley de cupo laboral travesti – trans en Santa Fe, solo 30 personas ingresaron al Estado entre los gobiernos de Omar Perotti y Maximiliano Pullaro, una cifra que se ubica muy por debajo de las expectativas iniciales. Una investigación académica reveló falencias en la implementación, sumado a la falta de información oficial durante los últimos dos años.
El origen de la palabra trabajo es espantoso; la Real Academia Española indica que proviene dellatín tripaliare, que significa torturar. El tripalium era un instrumento con tres cuerdas utilizado por los romanos para inmovilizar caballos, cerdos y bueyes que luego se utilizó con los esclavos. En lenguaje coloquial, los argentinos decimos que vamos a laburar, los españoles hablan del curro, y en algunos países de Latinoamérica se utiliza el término chamba, cuya popularidad creció con las canciones de reggaeton.
En casi todos los casos, cuando pensamos en personas que trabajan lo hacemos con el mismo criterio: mujeres o varones cis de distintas clases sociales que reciben una remuneración a cambio de una tarea. Casi nunca, y salvo contadísimas excepciones, la representación de una trabajadora es una travesti, una mujer o un varón trans sencillamente porque el sistema les ha excluido consecuentemente de toda formalidad y les ha relegado a la marginalidad o al trabajo sexual, una actividad centenaria que también brega por su reconocimiento legal.
En febrero del 2016, en una populosa marcha en Rosario convocada para denunciar los despidos en el Estado durante el gobierno de Mauricio Macri, había entre sus columnas un curiosa bandera que rezaba “el traVajo es urgente”. Una de las manifestantes se acercó hasta las jóvenes que sostenían la pancarta para avisarles del ‘error’ ortográfico. “Disculpe señora, pero la V es de trava, somos travestis y queremos trabajar”, le contestaron.
Algunos meses antes, el 17 de septiembre del 2015, la provincia de Buenos Aires se había convertido en el primer distrito del país en aprobar una ley de cupo para las personas travestis y trans a instancias de la activista Diana Sacayán, asesinada tres semanas después en su casa del barrio porteño de Flores. El país comenzaba a desandar un proceso de retracción en materia de derechos para la población LGTBIQ+, aunque eso no amedrentó a las organizaciones sociales.
En mayo del 2016, Rosario se convirtió en la primera ciudad de la provincia en aprobar una ordenanza de cupo laboral, reservando el 1% de los ingresos anuales al Estado para este sector de la población; en marzo del 2017 fue el turno de Venado Tuerto, una de las ciudades más grandes del departamento General López; y el 28 de junio del 2018 le siguió la ciudad de Santa Fe. Un año más tarde, el 30 de octubre del 2019, la legislatura santafesina dio media sanción a la ley 13.902 de cupo travesti – trans.
“Santa Fe es la esperanza de la disidencia de un montón de provincias”, declaró la activista Alejandra Ironici a la agencia de noticias Presentes durante la celebración en las escalinatas del parlamento santafesino. Casi tres años después, el 22 de agosto del 2022, ella también fue asesinada. Horacio Barreras, autor confeso del crimen, fue condenado a prisión perpetua por transfemicidio, una figura similar a la que se utilizó para condenar al asesino de Sacayán.
A casi 6 años y medio de su aprobación, con una pandemia mediante y un cambio de signo político en la provincia, su aplicación real parece una quimera. La llegada al poder de Javier Milei en la esfera nacional condicionó notablemente las agendas de diversidad sexual en las provincias a través de un discurso reaccionario y persecutorio cuyo punto más alto se puso en evidencia durante la conferencia en el Foro Mundial de Davos, donde el presidente intentó asociar homosexualidad con pedofilia.
Pese al rechazo que sus palabras generaron en un importante sector de la sociedad, incluidos algunos de sus votantes, la narrativa de un Estado mínimo que pregona el gobierno libertario supeditó la aplicación de leyes como el cupo trans a la necesidad de no ‘levantar el avispero’ en la opinión pública para evitar cuestionamientos a la administración provincial. Según pudo reconstruir Enredando a partir de distintas fuentes, hasta la fecha ingresaron al Estado provincial al menos 30 personas, de las cuales 20 pertenecen a la gestión del ex gobernador Omar Perotti, y 10 al gobierno de Maximiliano Pullaro.
Otra narrativa sobre la población trans
Una investigación llevada adelante por Ana Laura Mansilla, abogada santafesina (UNL) y militante por los derechos humanos, reveló que el cupo en la provincia produjo “un giro relevante en la narrativa sobre la relación entre el Estado y la población travesti – trans” en cuanto al reconocimiento de sus derechos, aunque advierte que “no logró producir experiencias de inclusión a gran escala”. Uno de los hallazgos centrales del trabajo, que abarca el período 2019-2023, es la enorme distancia entre la cantidad de personas interesadas y las que finalmente accedieron a un empleo.
Sobre un universo de 350 personas anotadas en el año 2021, y tras un proceso de depuración del registro y posterior sorteo a través de la Lotería de Santa Fe, método elegido para evitar el orden de mérito por las características de vulnerabilidad del colectivo, alrededor de 110 quedaron en condiciones de acceder a las entrevistas. “Los testimonios reflejan que todas las personas experimentaron miedo e incertidumbre que generaba la entrevista laboral, temiendo atravesar una situación de discriminación o no saber cómo responder las preguntas”, consigna Mansilla.
Para el trabajo, presentado en el marco de una maestría en diseño de programas sociales de FLACSO, la abogada entrevistó a 13 de las 20 personas que finalmente se incorporaron a la nómina de trabajadores estatales y agrega que, pese al acompañamiento de las organizaciones y del extinto Ministerio de Igualdad, “la mayoría atravesó el proceso en soledad” y no accedió a la capacitación previa porque no sabia que existía. Entre los problemas más frecuentes detectó que muchas de las entrevistas se frustraron porque las personas no podían ser contactadas y no se realizó una correcta trazabilidad para saber qué sucedió con ellas.
Además, en esa etapa clave del proceso, a menudo no se cumplía con el protocolo que preveía la participación de un psicólogo, un representante gremial y un integrante de las organizaciones LGTBIQ+; también, la presencia de muchas personas en esta instancia generó episodios de estrés o ataques de pánico, ya que la mayoría de les postulantes nunca habían tenido una entrevista laboral.
“No me sentía preparada para la entrevista, y me resultó incómodo que me preguntaran si tenía experiencia previa porque solo por ser trans no se accede a un trabajo o a una entrevista. Al ser inexperta me sentí desorientada, fue la primera entrevista de mi vida”, dijo Reyna, una mujer trans que aportó su testimonio para la tesis. Otras voces citadas en el trabajo de Mansilla también dan cuenta de las mismas dificultades: “En la entrevista me puse muy nervioso porque había mucha gente (…) yo pensé que no quedaba y le dije a mi mamá que no iba a quedar porque lo hice re mal”, declaró Cristian.
El mecanismo de ingreso también limitó el alcance del cupo: no se creó un número fijo de puestos laborales sino que se elaboró una “bolsa de perfiles” con quienes habían llegado a la etapa de entrevista, que posteriormente se enviaban a los ministerios. Esto implicó algunos condicionantes: por un lado la disposición política de la cartera que recibía el pedido y el presupuesto para contratar. La investigación encontró resistencias dentro de la administración pública y escasa determinación política para implementar la ley de manera transversal.
A pesar de las falencias, Mansilla sostiene que la ley tuvo un impacto significativo porque para la mayoría significó acceder por primer vez a un empleo formal, con perspectivas de estabilidad y la posibilidad ampliar el horizonte de proyección personal: “Sirvió porque les cambió la vida al menos a 20 personas, y les cambió la vida para siempre”, señaló.
Positivo pero no perfecto
Florencia Marinaro, ex ministra de Igualdad, Género y Diversidad durante el gobierno de Omar Perotti (2019 – 2023), aseveró que, pese a las críticas, la implementación del cupo travesti – trans en Santa Fe fue un proceso positivo, aunque no perfecto: “La evaluación es positiva porque durante nuestra gestión el cupo dejó de ser una norma declarativa y empezó a tener una implementación concreta”. Sin embargo, reconoció que “no fue un proceso perfecto” porque obligó al Estado a revisar sus propias prácticas en relación a la convocatoria, la definición de perfiles y el acompañamiento.
En cuanto a las posibles resistencias internas en los ministerios, Marinaro aseguró que “la respuesta fue heterogénea”, pero destacó que “el ejecutivo respondió” y fue el ámbito en donde se materializó la ley. “Eso también marca un límite: el cumplimiento no puede depender sólo de algunos ministerios ni de una gestión. Tiene que ser una obligación sostenida de todo el estado provincial, incluidos los tres poderes”, sentenció.
Sobre las entrevistas, la ex funcionaria negó dificultades durante esta instancia del proceso: “Sabíamos que las entrevistas eran una de las instancias más sensibles porque no se trataba de un proceso de selección común. Muchas personas llegaban a su primera entrevista laboral formal después de trayectorias atravesadas por procesos de exclusión”. Aún así, admitió que hubo demoras entre el plazo de selección y el ingreso efectivo por temas burocráticos y porque buena parte del proceso transcurrió durante la pandemia.
Travestis en voz baja
A partir del 2023, la aplicación del cupo laboral travesti – trans en Santa Fe se transformó en una incógnita. Pese a que las organizaciones de la diversidad sexual mantienen un contacto fluido con la Dirección de Diversidad Sexual, no existió ninguna convocatoria formal para cubrir vacantes en la administración pública utilizando esta herramienta. De manera extraoficial, Enredando pudo saber que al menos 10 personas travesti -trans ingresaron al Estado en los últimos dos años, aunque se desconoce cómo fue el proceso de selección y las condiciones de contratación.
En el inicio de su gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro revisó los pases a planta de 13 mil trabajadores, entre los que se encontraban las 20 personas que habían ingresado a través del cupo. Organizaciones LGTBIQ+ de la provincia señalaron que en la mayoría de los casos les mismes trabajadores tuvieron que recurrir a abogados particulares y a los gremios que representan a los estatales para defenderse. Finalmente, se pudieron conservar la totalidad de los empleos en vistas de que se trataba de un acuerdo transversal a los partidos políticos.
Por otra parte, el sigilo con el que se mantienen las políticas de diversidad sexual en Santa Fe, obedece a un clima de época: la retórica libertaria penetró en la narrativa local, condicionando la ejecución de programas destinados a lesbianas, gays, travestis y trans. La necesidad de “bajar el perfil” en torno a la promoción de derechos es un secreto a voces, aunque ningún funcionario se atreve a reconocerlo en esos términos. No obstante, es sabido que en la legislatura existen acuerdos entre el oficialismo y un sector de la oposición para limitar las iniciativas de los bloques conservadores que buscan cuestionar la legitimidad de las conquistas obtenidas por las disidencias sexuales en los últimos años.
Los cupos y las deudas
Además de la ley provincial 13.902, 18 localidades de Santa Fe sancionaron ordenanzas para garantizar un cupo de trabajo en el Estado a la población travesti – trans, aunque en la mayoría de los casos se produjeron uno o dos ingresos tras su aprobación y nunca más fueron implementadas. La única excepción es Rosario, cuyo consejo consultivo integrado por organizaciones locales participa activamente en los procesos de convocatoria, entrevistas y selección de las y los postulantes. También la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) cuentan con resoluciones similares que se vieron discontinuadas en los últimos dos años por los recortes al presupuesto universitario nacional del gobierno de Javier Milei.
