En este 1° de mayo, tener trabajo ya no garantiza condiciones mínimas de vida y obliga a multiplicar ingresos, estirar jornadas y resignar consumos esenciales. Con salarios que pierden contra la inflación, aumento del pluriempleo y recorte de políticas públicas, las desigualdades estructurales se profundizan: 6 de cada 10 personas pobres son mujeres que sostienen -con más trabajo, menos ingresos y mayor sobrecarga- el funcionamiento cotidiano de la economía.
Para una porción cada vez más amplia de la clase trabajadora el principal problema ya no es llegar a fin de mes, sino poder cubrir lo básico en el día a día. Alimentos, salud, vivienda y tarifas se volvieron un piso inalcanzable incluso para quienes tienen empleo, en un escenario marcado por la licuación salarial, los despidos y la expansión de la informalidad. En este 1º de mayo, tener trabajo ya no garantiza condiciones mínimas de vida y obliga a multiplicar ingresos, estirar jornadas y resignar consumos esenciales.
Sin embargo, la crisis económica no impacta de igual manera en todos los hogares: golpea con más fuerza a las trabajadoras. En Argentina, 6 de cada 10 personas pobres son mujeres, sus tasas de actividad y empleo se ubican 20 puntos por debajo de las de los varones, enfrentan una brecha de ingresos del 29% y sostienen, además, la mayor parte de las tareas de cuidado no remuneradas. En un contexto de ajuste, esa desigualdad estructural no solo persiste, sino que se profundiza.
Así, el deterioro de los ingresos y el retroceso de políticas públicas reconfiguran la vida cotidiana en clave de supervivencia. Los hogares encabezados por mujeres aparecen entre los más afectados: crecen el pluriempleo -que ya alcanza al 15% de las trabajadoras-, el endeudamiento para cubrir gastos básicos y los atrasos en servicios. Siete de cada diez de estos hogares debieron endeudarse para comprar alimentos o medicamentos, una postal que condensa el nuevo mapa social. A su vez, el impacto económico golpea especialmente a la población travesti-trans, con retrocesos en derechos y desmantelamiento de políticas públicas laborales y de salud.
En Argentina, 6 de cada 10 personas pobres son mujeres, sus tasas de actividad y empleo se ubican 20 puntos por debajo de las de los varones, enfrentan una brecha de ingresos del 29% y sostienen, además, la mayor parte de las tareas de cuidado no remuneradas.
En ese marco, el modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei no solo redefine variables macroeconómicas, sino que también reorganiza quién absorbe los costos de la crisis. Y, como tantas veces, son las mujeres y e identidades diversas quienes sostienen -con más trabajo, menos ingresos y mayor sobrecarga- el funcionamiento cotidiano de la economía.
Precarización y pluriempleo
En un nuevo 1º de mayo, fecha histórica para las y los trabajadores, la agenda del mundo del trabajo en Argentina aparece atravesada por el sostenido empeoramiento de las condiciones de vida de quienes viven de su trabajo y vienen atravesando un largo derrotero de fragmentación, precarización e ingresos que no permiten cubrir el costo de vida básico.
En este marco resuena cada vez más el interrogante sobre cómo se construye la dignidad del trabajo en un escenario donde el empobrecimiento de la clase trabajadora se volvió moneda corriente: cada vez son más quienes dependen de varias fuentes de ingresos para intentar llegar a fin de mes (el pluriempleo escaló al 12,0% a principios de este año), y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) apenas toca los 357.800 pesos (alcanza solo al 54% de la canasta básica de alimentos para una persona, que define la línea de indigencia). A su vez, se destruyeron más de 290.000 puestos de trabajo y unas 24.000 empresas bajaron sus persianas en los últimos dos años. En el sector estatal, la pérdida fue de 66.000 empleos nacionales mientras, como contracara, aumentó la cantidad de monotributistas (+150.000 nuevos) y la tasa de informalidad se disparó -pasó del 42,6% al 43,3%-. De hecho, aunque el 2025 fue un año de crecimiento del PBI (+4,4%), el empleo nacional se contrajo.
“Esta situación no solo muestra un deterioro del poder adquisitivo, sino también un ajuste estructural que afecta la calidad de vida de la población trabajadora. Incluso aquellas ramas del sector privado que se acomodaron a la inflación (siempre según los parámetros de consumo desactualizados a 2004) soportan un tremendo deterioro en relación a los crecientes costos de servicios, vivienda y salud”, señaló en diálogo con este medio la investigadora rosarina Laura Pasquali.
Este escenario está atravesado -a su vez- por el impacto de los cambios en materia laboral que el gobierno de Javier Milei introdujo en 2024 en el Capítulo IV de la denominada “Ley Bases” y que luego se profundizaron con la reforma laboral aprobada el año pasado en el Congreso: favorece el despido arbitrario, reemplaza indemnizaciones por un fondo que paga el propio trabajador, y hasta elimina sanciones por no registración mientras bloquea cualquier intento de reclamo sindical.
“Si se mira con perspectiva histórica y de género, la reforma laboral (que centralmente está orientada flexibilizar el trabajo) profundizará la desigualdad existente entre capital y trabajo y por lo tanto entre mujeres y varones trabajadores, y se potenciará con los cambios que debilitan, aún más, a la organización sindical”, analizó Pasquali, Doctora en Humanidades y Artes, docente y con amplia trayectoria en el estudio de la historia de las mujeres y las relaciones de género. En ese sentido agregó que “estamos ante un combo explosivo: una economía estancada, trabajo desprotegido y pluriempleo, precarización, aumento de la brecha salarial y empobrecimiento”.
Si bien las brechas laborales forman parte de problemas estructurales, cuando la economía empuja hacia la precarización esas desigualdades se profundizan. Los datos así lo reflejan: las mujeres tienen tasas de actividad y empleo 20 puntos más bajas que los varones y mayores niveles de desocupación, especialmente entre las jóvenes: al cierre del 2025 (última información disponible) el desempleo alcanzó al 16,8% de las mujeres de 14 a 29 años, frente al 16,2% de los varones. A la vez, el 39% de ellas trabaja en la informalidad, cuatro puntos más que los varones. Si se considera la subutilización de la fuerza laboral —que combina desempleo y subocupación— la brecha se amplía: alcanza al 21% en mujeres frente al 15% en varones. A su vez, la presión efectiva, que incluye a quienes ya están ocupados/as pero buscan otro empleo, alcanzó el 24% en mujeres (22% en varones).
Estamos ante un combo explosivo: una economía estancada, trabajo desprotegido y pluriempleo, precarización, aumento de la brecha salarial y empobrecimiento
En materia de ingresos el golpe es alarmante. En febrero, volvieron a perder poder adquisitivo. Los salarios reales (considerando el efecto de la inflación) siguen deteriorándose frente a 2023, con caídas de 37,9% en el sector público nacional, 15,2% en el provincial y 5,5% en el privado registrado. Según la consultora C-P las paritarias están muy por debajo de la inflación, con negociaciones en torno al 2%, mientras que la inflación se mantiene cercana al 3% mensual. A su vez, se imponen las sumas fijas: hace un año, el 50% de los acuerdos contenía algún tipo de suma fija, ahora lo hace el 80%, lo cual deriva en condiciones salariales más precarias.
En cuanto a la brecha salarial, en 2025 se ubicó en 29,3%, esto es 5 puntos más que al inicio de la gestión libertaria. Según un estudio de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), para el Gran Rosario, la brecha salarial entre hombres y mujeres alcanzó el 37,4% durante el tercer trimestre del 2025.
“Este 1º de mayo está signado por la sobrecarga de trabajo no solamente por más horas laborales, sino por múltiples tareas formales e informales. Se suma la situación del endeudamiento doméstico que se manifiesta en las crecientes deudas con bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales”, indicó Sofía Botto, directora del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCI-Santa Fe).
Desde el centro de estudios realizaron a fines del 2025 una encuesta a más de 300 mujeres y disidencias del departamento Rosario y La Capital, incluyendo sus zonas metropolitanas. Entre los principales resultados se apreció que el 27% afirmó tener dos o más trabajos para reforzar sus ingresos.
Este 1º de mayo está signado por la sobrecarga de trabajo no solamente por más horas laborales, sino por múltiples tareas formales e informales. Se suma la situación del endeudamiento doméstico que se manifiesta en las crecientes deudas con bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales
En relación, la tasa de feminización del empleo en Argentina creció, pero de manera desigual en las distintas categorías ocupacionales. Lo que más explica esta tendencia es el cuentapropismo, cuya tasa de feminización pasó del 34,4% al 42,5% en poco más de una década. De acuerdo con un informe de Fundar, dentro del cuentapropismo también hay variaciones profundas: hoy más del 50% de quienes trabajan en Industria y Comercio son mujeres. En industria, esto no significa trabajadoras de fábrica (porque el empleo asalariado en manufactura sigue siendo en su gran mayoría masculino) sino artesanas, mujeres que elaboran alimentos o cosen para talleres textiles desde sus casas, por ejemplo.
Botto, por su lado, destacó el fenómeno denominado feminización de la pobreza: en nuestro país 6 de cada 10 personas pobres son mujeres e identidades diversas. “En contextos de crisis somos las mujeres quienes más sufrimos las consecuencias porque tenemos empleos peor pagos y más precarizados, sumado a que asumimos aún más las tareas de cuidados que, con menores ingresos o menor oferta estatal, ya no se pueden delegar en terceros”. La entrevistada ejemplificó con la situación de las trabajadoras de la industria textil donde hay una importante participación de mujeres, pero el sector opera hoy con menos de la mitad de su capacidad instalada por la apertura desregulada de importaciones que impulsó la administración libertaria.
“El impacto económico en la población ha sido devastador y particularmente en los sectores más vulnerables y marginados históricamente, entre ellos la población travesti-trans”, indicó a este portal Michelle Vargas Lobo, enfermera e integrante de Comunidad Travesti-Trans Rosario. En esa línea agregó: “somos una población discriminada y perseguida y con las medidas económicas actuales pasamos a ser las primeras expulsadas del sistema laboral y social”.
En concreto, sobre la reforma laboral graficó que “de las casi mil compañeras que habían accedido al trabajo formal en el sector público a través de la Ley de Cupo laboral Trans, hoy más del diez por ciento (10,0%) se han quedado sin esa posibilidad, tanto a nivel nacional, provincial como local”. A su vez, en materia de licencias, “desde una mirada binaria no se contemplan los vínculos afectivos de las personas travestis y trans, donde nuestras familias no están conformadas según el formato ‘tradicional’ y muchas veces -por ejemplo- son nuestras amigas quienes nos cuidan en la enfermedad”.
El impacto económico en la población ha sido devastador y particularmente en los sectores más vulnerables y marginados históricamente, entre ellos la población travesti-trans
La presidenta de la cooperativa «Juntas y Unidas» de la ciudad destacó la necesidad de “visibilizar que la economía también nos atraviesa a nosotras como parte de esta sociedad, no somos ajenas”, resaltó. También alertó por la cuestión habitacional: “pagar un alquiler se ha vuelto imposible, quienes vivían en pensiones o con la posibilidad de tener ciertas condiciones habitacionales, han quedado totalmente a la deriva, en la calle”.
Despidos, menos derechos y creciente endeudamiento
En la coyuntura actual, uno de los sectores más golpeados es el de las y los trabajadores públicos. Los principales problemas en el Estado van desde el deterioro salarial, la precariedad y el maltrato laboral.
“Javier Milei no llegó para realizar ajustes, vino con el objetivo de destruir el Estado por dentro y por eso echó trabajadores, desguazó áreas completas, destruyó el poder adquisitivo del salario y desmanteló programas clave”, dijo en diálogo con enREDando, Lorena Almirón, secretaria general de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) seccional Rosario. Los datos que relevó el gremio son contundentes: desde noviembre 2023 –inicio del gobierno libertario- la pérdida acumulada por trabajador estatal asciende a 11.509.587 pesos. A nivel provincial el monto se ubica en 8.733.313 pesos, y en el caso de los jubilados y jubiladas han perdido ya 6.765.935 pesos.
La sindicalista puntualizó además en que “hay tres organismos nacionales que están en emergencia, el SENASA, el INTI y el INTA, los cuales constituyen la base técnica sobre la que se sostiene la sanidad animal y vegetal, la inocuidad de lo de los alimentos, la calidad industrial y el desarrollo científico y tecnológico del país, con trabajadores altamente calificados, pero actualmente están en riesgo por la quita total de financiamiento”. De igual modo alertó por organismos vinculados a la previsión social, como ANSES y PAMI. “En Rosario tenemos dos hospitales de PAMI, pero están tratando de desmantelar uno, y se suma la falta de insumos y de medicamentos, la dilación de turnos y el maltrato permanente a trabajadores y jubilados”, sentenció.
Javier Milei no llegó para realizar ajustes, vino con el objetivo de destruir el Estado por dentro y por eso echó trabajadores, desguazó áreas completas, destruyó el poder adquisitivo del salario y desmanteló programas clave
Otro sector fuertemente feminizado es el docente (90,0% de trabajadoras mujeres), y también está en situación crítica con salarios en caída y la necesidad de trabajar múltiples turnos para cubrir necesidades básicas.
“Con salarios que están a la baja, las docentes realizan hasta una triple jornada laboral para poder llegar a un ingreso que les permita cubrir desde alimentos hasta el pago del alquiler. En muchos casos, vemos docentes que solicitan créditos, adelantos de salarios, y también que se ven en la urgencia de tomar deuda con tarjetas de crédito para pagar la canasta básica”, contó Julia Ceruti, docente y referente en género y educación de la ciudad.
En el panorama nacional y local actual, el endeudamiento se volvió una herramienta cada vez más extendida para sostener los gastos cotidianos. De acuerdo con un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), los hogares con jefatura femenina son los que muestran los peores indicadores para esta variable: 1 de cada cuatro hogares se tuvo que endeudar para llegar a fin de mes y el 10% tuvo que vender pertenencias. A su vez, el informe del ISEPCI, indicó que un tercio de las encuestadas reconocieron tener deudas pendientes, siendo las instituciones bancarias las más señaladas junto con las tarjetas de crédito.
Un punto nada menor mencionado por Ceruti tiene que ver con la realidad de la docencia santafesina respecto de las políticas de ajuste del gobierno provincial en torno a limitar las licencias, afectando la salud física y mental de los docentes, quienes se ven obligados a no faltar al trabajo para recibir un suplemento salarial.
Los hogares con jefatura femenina son los que muestran los peores indicadores para esta variable: 1 de cada cuatro hogares se tuvo que endeudar para llegar a fin de mes y el 10% tuvo que vender pertenencias.
“Las licencias se ven afectadas por esta especie de presentismo encubierto que implementó el gobierno de la provincia de Santa Fe, que implica que le paga un porcentaje de salario (no formalizado) a las personas docentes que no faltan dentro del mes. Eso significa que no pueden enfermarse, no pueden pedir licencia por maternidad, por embarazo, por cuidados de familiar o por atención a hijos/as ya que solo cobran ese suplemento de salario si por ningún motivo faltan a trabajar. Con lo cual, eso también es una estrategia extorsiva porque, en principio, niega las posibilidades que tenemos en el marco de las normativas que regulan nuestro trabajo, y afecta no solamente la salud física sino la salud mental de todo nuestro sector”, detalló la integrante de Ansafé-CTERA.
“En el caso de las y los trabajadores que nos desarrollamos dentro de lo que es la economía popular, venimos sufriendo la caída abrupta del consumo en la sociedad, que afecta nuestro trabajo cotidiano. Los cadetes y repartidores vemos que hay muchos más compañeros y compañeras realizando esta actividad. Por ejemplo, los que tenían un trabajo y ahora ya no lo tienen, pero tienen un vehículo -una moto, una bici- empiezan a realizar esta tarea; o los que tienen un auto, a realizar Uber”, señaló Brenda Marinucci, trabajadora de reparto e integrante del Sindicato Cadetes Rosario.
Como consecuencia enfrentan jornadas laborales extenuantes, de hasta de 12 horas diarias para poder tener el mismo ingreso semanal o mensual que en años anteriores. Sin embargo, “llegar a ese mismo ingreso, no significa tener el mismo nivel de vida” ya que “la situación es alarmante tanto en el acceso a alimentación, salud, educación, para poder pagar un alquiler y ni hablar del esparcimiento”, compartió con enREDando.
Los cadetes y repartidores vemos que hay muchos más compañeros y compañeras realizando esta actividad. Por ejemplo, los que tenían un trabajo y ahora ya no lo tienen, pero tienen un vehículo -una moto, una bici- empiezan a realizar esta tarea; o los que tienen un auto, a realizar Uber
También hay que mencionar la situación de las trabajadoras pasivas afectadas directamente por el programa económico vigente. Por un lado, el veto presidencial a la moratoria previsional hará que 9 de cada 10 trabajadoras ya no puedan jubilarse. Se agrega que las y los jubilados que cada miércoles se movilizan al Congreso nacional enfrentan la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad, mientras reclaman por mejores condiciones de vida: las jubilaciones perdieron el 24% del poder de compra desde que gobierna Milei (los que cobran la mínima perdieron 29%) esto implicó una pérdida acumulada cercana a los 5,4 millones de pesos por cada jubilado desde entonces, según un informe elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). Asimismo, indicaron que desde que comenzó “ahorró fiscal” celebrado por el oficialismo (un total de 116 billones de pesos desde que gobierna La Libertad Avanza) los mayores recortes se dieron en obra pública (-28,8 billones) y a los jubilados (-19,1 billones)
De hecho, la reforma laboral del oficialismo también las perjudica en la medida en que, así como no resuelve la informalidad que en la vida activa les impide contar con los aportes necesarios para acceder a una jubilación digna, el nuevo mecanismo del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) podría desfinanciar el sistema previsional al derivar aportes de la Seguridad Social para cubrir los despidos que hasta ahora les correspondían a los empresarios.
Desmantelamiento del Estado
El ajuste fiscal de la administración libertaria se concentró en recortes de servicios sociales y en el desmantelamiento de políticas que funcionaban como infraestructura cotidiana.
Por un lado, la partida de Asistencia Social se redujo 77% en términos reales y dentro de ese universo el golpe más notorio recayó sobre programas como el Potenciar Trabajo, donde el 65% de titulares eran mujeres (-96% real) mientras que el Monotributo Social, con un padrón integrado en más de 60% por mujeres, retrocedió 81%. A su vez, el último reporte del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), indicó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA) y apenas cubren hoy el 39% de los alimentos y menos del 20% del costo total de vida, muy lejos del 70% que alcanzaban meses atrás.
También se ajustaron prestaciones altamente feminizadas como la pensión para madres de siete hijos (-31%). A esto se sumaron recortes estructurales como la caída casi total de Vivienda y Urbanismo (-98%), la fuerte contracción de Educación (-57,7%) y el derrumbe de la inversión en agua y alcantarillado (-93%). Incluso la función Salud registró recortes. En conjunto, “estos números muestran que el ajuste no solo reduce ingresos directos, sino que desarma soportes materiales y servicios que hacen viable la reproducción cotidiana, y por esa vía vuelve a cargar de manera desproporcionada sobre mujeres y hogares populares”, señaló un documento del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
“El desmantelamiento de programas está claro en el caso de la docencia. No solamente las políticas educativas vinculadas con la educación sexual integral, sino también para el funcionamiento de los equipos socioeducativos que, con realidades tan complejas y adversas como las actuales, no dan abasto, y esto impacta de lleno en lo que tiene que ver con la tarea docente”, planteó Ceruti.
Por su parte, Botto mencionó el recorte en todo lo vinculado con programas de acompañamiento en materia de violencia de género, “un acompañamiento muy importante sobre todo para las mujeres que necesitaban salir de situaciones de violencia dentro del hogar”, recordó.
“Con su motosierra sobre la economía, el gobierno ha recortado programas de derechos humanos, de diversidad y de género, que buscaban desarrollar estrategias y acciones para acompañar nuestras trayectorias de vida, atravesadas por la expulsión, la discriminación, la violencia y la muerte”, indicó Vargas Lobos y agregó que entre las demandas urgentes aparece “la necesidad de programas de asistencia social pensados desde una perspectiva integral”.
Desde su mirada, Marinucci destacó que el congelamiento primero y ahora el intento de desmantelar el programa “Volver al Trabajo” (ex Potenciar Trabajo) que en sus orígenes representaba un complemento salarial al ingreso de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular “golpea las posibilidades de acceder a la compra de alimentos, a una garrafa o al pago de algún impuesto”, además “deslegitima nuestro reconocimiento como trabajadores, la lucha de la UTEP como representación sindical e impide el avance hacia derechos laborales”, consideró.
Sobrecarga del trabajo de cuidados
En contextos de crisis, las tareas que sostienen la vida cotidiana -cocinar, limpiar, cuidar niños, acompañar a personas mayores o con discapacidad- adquieren una centralidad aún mayor. Aunque estas actividades representan el 16,8% del PBI, siguen siendo realizadas mayoritariamente por mujeres de forma no remunerada. En promedio dedican 6 horas y 31 minutos diarios al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los varones destinan 3 horas y 40 minutos.
“La brutal crisis de cuidados no es nueva pero claramente se agravó con el desfinanciamiento y desestructuración de programas y organismos. El gobierno nacional no sólo ha denostado discursivamente las luchas de las mujeres, sino que resultó en el desmantelamiento de políticas de género, tensionando cada vez más la relación entre producción y reproducción de la vida (un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales, denunció que sólo quedan tres políticas de cuidado de las 50 existentes antes)”, analizó Pasquali al respecto. En ese sentido, agregó que “las sociedades no dejan de cuidar, sino que se intensifica el tiempo de trabajo de las mujeres, que contribuyen al bienestar del núcleo familiar y de su comunidad, en detrimento del propio”.
“Hay una cuestión de tiempo, ya que hoy no tenemos más tiempo porque trabajamos en varios lugares para poder llegar a cubrir las necesidades básicas. Hoy el salario no nos alcanza para nada. Tenemos deudas en salud, en educación, y estamos en una situación donde también los cuidados requieren el 50% de lo que ganamos o más, y como el Estado no garantiza opciones de cuidados, vuelven a recaer con más fuerza en las trabajadoras”, dijo a tu turno Almirón.
Las sociedades no dejan de cuidar, sino que se intensifica el tiempo de trabajo de las mujeres, que contribuyen al bienestar del núcleo familiar y de su comunidad, en detrimento del propio”.
Por último, Botto puso la lupa en la salud mental y puntualmente en la sobrecarga emocional que atraviesan actualmente las trabajadoras por no tener los ingresos suficientes para llegar a fin de mes, por estar a cargo de una familia, organizar los cuidados de todo tipo, y hasta no poder garantizar el alimento diario, “todo esto se manifiesta en comer menos, en dormir menos, en tener conflictos mayores, en definitiva, en vivir peor”, subrayó.
En este 1º de mayo, la pregunta por el trabajo vuelve a ser también una pregunta por la vida que ese trabajo permite -o ya no- sostener. En un escenario donde el empleo deja de garantizar derechos y se convierte en una estrategia de supervivencia, las desigualdades estructurales se profundizan y recaen con más fuerza sobre las trabajadoras. No se trata solo de salarios que no alcanzan o de más horas de trabajo, sino de un modelo que desplaza costos hacia los hogares y, dentro de ellos, hacia las mujeres. Allí, entre el pluriempleo, las deudas y la sobrecarga de cuidados, se sostiene en silencio una parte central de la economía. Y también, cada vez más, el límite de lo que esa economía puede seguir exigiendo.
