Al calor de una crisis que acrecienta el endeudamiento de las familias, el casinito y el préstamo informal aparecen como una extensión del negocio narco que hoy complementa territorialidad con digitalización. Trabajadores que se juegan la changa y mujeres que venden fichas por WhatsApp; préstamos informales a tasas usureras y vecinos que ponen a circular lo que les sobra para ganar un interés. Todo en un contexto de desamparo estatal y falta de oportunidades que marcan el pulso de un clima de época: hacer guita rápido y fácil.
—Las cajas abren los jueves a las dos de la tarde y cierran el miércoles a las doce de la noche. Para el sábado, más tardar, las cajeras tenemos que tener la plata para rendir. Nosotros nos quedamos un cuarenta. Si tenés cien fichas para cargar y con las últimas diez la otra persona saca un premio grande, esa semana no ganás, pero tampoco es que vas para atrás. A mí me han sacado premios grandes, pero a la semana siguiente empezás de cero.
La que habla es Julia, pero podría llamarse María, Carla o Susana. Es joven, es madre y vive en un barrio popular de Rosario. No expone su identidad, porque el trabajo que hace –sabe– mueve plata de circuitos ilegales. El dueño del casinito para el que trabaja se vincula con una de las bandas narcocriminales de la ciudad, que opera en su barrio. Aunque aclara que no lo conoce, no lo vio, y nunca tuvo trato con él.
—Yo lo hago porque lo necesito. Es plata que hacés desde tu casa por WhatsApp. Y si hacés las cosas bien es difícil que como cajera salgas perdiendo.
Las “cajeras” son el eslabón clave de una dinámica cada vez más arraigada en los barrios populares de Rosario: jugar en los casinitos. Son plataformas de juegos y apuestas online, similares a las que auspician a los grandes equipos de fútbol de la Argentina y el mundo, pero operando en la ilegalidad. Tienen ruleta, tienen blackjack, tienen tragamonedas. También se pueden hacer apuestas deportivas. Son sitios camuflados en el amplio espectro virtual, que permanecen activos el tiempo necesario y luego se dan de baja, para crear otro nuevo.
A diferencia de los casinos online, o los sitios de apuestas oficiales, no cualquiera puede registrarse y empezar a jugar. A los casinitos solo se accede a través de una cajera que es la encargada de brindar un usuario y una contraseña que funcionan por un tiempo determinado. El vínculo no es con la plataforma, sino con alguien que “carga” las fichas a quienes deseen jugar. Por esa intermediación, que también implica una promoción y la búsqueda de clientes, se quedan una comisión. Las ofertas circulan por estados de WhatsApp: “Cargo casinito, mandame por privado”.
Hoy se volvió una forma de trabajo para muchas personas. Principalmente mujeres con tareas de cuidado a su cargo, que encontraron en esa tarea una forma de tener ingresos sin salir de su casa, despachando usuarios y contraseñas desde el celular. Pero a caballo de esa nueva modalidad de trabajo también fueron apareciendo otras problemáticas como el préstamo y el endeudamiento, que se retroalimentan y recrudecen las dinámicas de la violencia barrial.
El centro es lo económico
Luciano Vigoni es politólogo y militante social. Empezó a advertir que había una problemática cuando en el barrio todo el mundo le mencionaba que jugaba al casinito. La palabra, en diminutivo, también comenzó a aparecer con frecuencia en las redes y estados de Whastapp de sus conocidos. Y empezó a preguntar. Lo que encontró fue un universo de personas que veían en el casinito la posibilidad de una salida económica, sea trabajando o jugando.
“Nosotros creemos que en los sectores populares no hay que pensarlo desde el lado de la ludopatía, aunque sabemos que es un problema que existe. Pero en la realidad de los barrios eso queda un poco al margen. Lo que está en el centro es lo económico. Y ahí tenés las cajeras, que encuentran una salida laboral relativamente sencilla, y los que buscan a través del casino duplicar la changa que, si tuvieron suerte, hicieron durante el día”, explica.
El mecanismo de las cajeras se fue haciendo más o menos conocido. Lo que aparece más difuso –incluso para quienes trabajan dentro– es quiénes sostienen e impulsan esas plataformas. Vigoni tiene una certeza que ya no busca confirmar: detrás de esas estructuras operan bandas ligadas al narcomenudeo.
“El vínculo es siempre con la cajerita, nunca hay interacción entre el usuario y la plataforma. Nosotros fuimos tirando del hilo y decidimos no avanzar más, ante la posibilidad de exponer a personas que, lo que buscan, es hacer un mango en un momento difícil. Pero sabemos cómo la economía delictiva se vincula con esto”, remarca.
“Nosotros creemos que en los sectores populares no hay que pensarlo desde el lado de la ludopatía, aunque sabemos que es un problema que existe. Pero en la realidad de los barrios eso queda un poco al margen. Lo que está en el centro es lo económico. Y ahí tenés las cajeras, que encuentran una salida laboral relativamente sencilla, y los que buscan a través del casino duplicar la changa que, si tuvieron suerte, hicieron durante el día”,
Durante diez años Vigoni estuvo a cargo del Nueva Oportunidad, un programa de inclusión social que se propuso trabajar con jóvenes de barrios populares ligados al narcotráfico. El programa surgió con una premisa: que el vínculo humano podía ayudar a reducir la violencia. La propuesta se implementó en 2013, con tres talleres por semana en 15 barrios de la ciudad. Dos años después, el programa se provincializó. Para 2019, alcanzaba a 18 mil jóvenes, en 900 espacios, en 20 lugares de la provincia.
Para el dirigente, las problemáticas asociadas a la comercialización y el consumo de drogas siguen presente en los barrios. Sin embargo, lo que nota en estos últimos años es un cambio en la forma de relacionarse entre las personas. Lo traduce sencillo: “Hay mucho pibe solo”. Años atrás, recuerda, los jóvenes se manejaban con referencias adultas claras que marcaban un rumbo. Un padre, un hermano mayor, un tío, un abuelo, un vecino. Dice que eso ahora es menos frecuente.
En ese marco, la fragmentación de los vínculos sociales juega un rol dentro de un clima de época: la concepción de hacer plata rápido y fácil. Según Vigoni, en barrios que acumulan décadas de estructuras criminales organizadas, eso generó una integralidad del negocio narco que complementa territorialidad con digitalización, pero que se diversifica para generar más ingresos. Ya no es solo la venta de drogas en el búnker, ahora también hay otros actores que regulan el territorio, como el casinito o el prestamista.
“El préstamo de dinero aparece para resolver urgencias, para subsistir o para comprar un bien que vos creés que es importante. El problema es que el interés que corre para ese préstamo no está regulado. La devolución puede ser por día, por semana o por mes. Y cuando la plata no se devuelve empieza a haber mayores niveles de violencia. Te visitan de forma intimidante, te llevan algo como parte de pago y en casos más extremos se quedan con tu casa. A veces no son estructuras criminales, sino los propios vecinos que están viviendo de prestar lo que les sobra para ganar un interés”, evalúa.
Además, esa situación se da en un contexto económico cada vez más complejo en donde las oportunidades laborales se derrumban al mismo tiempo que el gobierno recorta la ayuda social. Ante ese escenario las necesidades crecen y, para los sectores informales, las posibilidades de endeudarse están a la vuelta de la esquina, o al alcance del celular.
“El préstamo de dinero aparece para resolver urgencias, para subsistir o para comprar un bien que vos creés que es importante. El problema es que el interés que corre para ese préstamo no está regulado. La devolución puede ser por día, por semana o por mes. Y cuando la plata no se devuelve empieza a haber mayores niveles de violencia«
“Hoy la economía de subsistencia en términos territoriales está marcada por el endeudamiento y no hay muchas más posibilidades de ingreso. La changa está recortada, en la feria no se vende. Y entre los más jóvenes la necesidad, pero también el deseo, están puestos en hacer guita. Entonces, los pibes hacen Uber, las chicas atienden en el casinito y en general todos deben plata”, expresa y agrega: “Son lógicas que funcionan medio en circularidad y que tienen una vinculación directa con el celular. El laburo no es una preocupación del Estado y cuando el Estado se queda al margen, la ilegalidad ocupa más lugar”.
Por celular
El juego online se aprobó en la provincia en septiembre de 2020. Aún regían algunas restricciones del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (Aspo) vigente durante la pandemia y, a través de un decreto, el entonces gobernador Omar Perotti habilitó a los tres casinos de la provincia (Rosario, Santa Fe y Melincué) a explotar la actividad de manera virtual. Entre los argumentos del gobierno ya se mencionaba la “inusual proliferación” del juego clandestino.
La medida tuvo sus reparos. Maximiliano Pullaro –que en ese entonces era diputado provincial– radicó una denuncia penal contra Perotti, argumentando que la modalidad requería un llamado a licitación, en lugar de una adjudicación directa. Con el cambio de gobierno, la Legislatura aprobó la ley que hoy regula el juego online en la provincia, sumando también las apuestas deportivas. La sanción le ahorró un problema al gobernador radical, que eludió derogar el decreto de Perotti –lo que suponía confrontar con las concesionarias– y al mismo tiempo evitó seguir con el sistema vigente en pandemia, que él mismo había denunciado. Para ese entonces, los casinitos virtuales ya estaban instalados en las barriadas.
“Hoy la economía de subsistencia en términos territoriales está marcada por el endeudamiento y no hay muchas más posibilidades de ingreso. La changa está recortada, en la feria no se vende. Y entre los más jóvenes la necesidad, pero también el deseo, están puestos en hacer guita. Entonces, los pibes hacen Uber, las chicas atienden en el casinito y en general todos deben plata”
En los últimos días –seis años después del decreto– el gobierno santafesino lanzó “StopApuestas” una aplicación para que los padres puedan controlar las plataformas y sitios webs a los que acceden sus hijos. La herramienta, de uso gratuito, limita el acceso a las páginas y aplicaciones previamente autorizadas por los padres. En conferencia de prensa, Pullaro dijo que la iniciativa surgió a partir de la preocupación por el crecimiento de las apuestas online entre menores y situaciones detectadas en escuelas, como el caso de San Cristóbal, donde se expusieron riesgos asociados al uso no supervisado de la tecnología.
Investigaciones
La vinculación entre los casinitos y el narcotráfico va más allá de las meras sospechas. En junio de 2025, Ornela Dipietri fue condenada a tres años de prisión como integrante de una asociación ilícita dedicada al juego ilegal. La mujer fue acusada de intermediar en una red de casinitos que tenía como principal responsable a Fernando “Colo” Capelleti, quien fue detenido tres meses más tarde. Al momento de su captura, Capelleti encabezaba la lista de personas más buscadas de Santa Fe, con una recompensa de 20 millones de pesos. La investigación contabilizaba alrededor de mil cajeras vinculadas a ese grupo. Vigoni estima que en Rosario el número supera las cinco mil.
Dipietri es la expareja de Lisandro “Limón” Contreras, sindicado como el líder de “Los Menores”, una banda narco instalada en el noroeste rosarino, cada vez más nombrada en las crónicas policiales de la ciudad. A ellos se les adjudica el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central, un sábado de noviembre de 2024 a pocas cuadras del Gigante de Arroyito, en un hecho donde aún se recuerda el llamativo apagón de luz en la zona.
La Justicia también avanzó en investigaciones vinculadas a préstamos usureros con dinero que, se sospecha, tienen origen en la ilegalidad. A mediados de noviembre pasado, Carlos Samuel Francos, de 27 años, fue imputado como miembro de la organización liderada por Jésica “La Fea” González. El joven tenía a su cargo la administración de lo recaudado en los puntos de venta de droga de la organización, poniendo la plata en circulación con préstamos a vecinos de la zona oeste. La investigación reveló que el dinero se ofrecía por WhatsApp, a una tasa de retorno del 80% mensual. La modalidad salió a la luz por el atraso en uno de los pagos: Francos fue a buscar al deudor y le baleó las piernas.
El caso expone no solo los reacomodamientos de los negocios narco, sino también las vinculaciones dentro de la compleja trama delictiva de la ciudad. La Fea González es pareja de Claudio “Morocho” Mansilla y medio hermana de Brenda Pared, la pareja de Alejandro “Chuky Monedita” Núñez. Los nombres aparecen vinculados a los crímenes de la semana trágica de marzo de 2024, cuando cuatro trabajadores rosarinos fueron asesinados con el objetivo de enviar un mensaje contra el gobierno provincial, ante el endurecimiento de la política penitenciaria. El video del asesinato de Bruno Bussanich, de 25 años, recorrió todos los canales de televisión del país.
En general, las víctimas de esos tipos de préstamos suelen ser personas que se mueven en la informalidad, con dificultad para reunir los requisitos para un préstamo bancario tradicional. Eso le pasó a una comerciante del barrio La Paloma, en el sur de la ciudad, que a finales de 2024 pidió 100 mil pesos a personas que lo ofrecían por Facebook. El dinero fue entregado en efectivo, con la condición de devolverlo en doce cuotas de 35 mil pesos cada una, que se iban cancelando cada diez días. En total, 420 mil pesos. La mujer se fue atrasando en los pagos, entonces los requisitos cambiaron: de un momento a otro debía casi un millón y medio de pesos.
A las amenazas virtuales le siguieron intimidaciones en su casa. Vendió la heladera y una moto, pero nunca se acercaba a la cifra. A finales de 2024 la víctima radicó una denuncia por la que tres personas de entre 24 y 29 años fueron condenadas en un juicio abreviado a cinco años de prisión. En la causa se conoció que la mujer terminó vendiendo su casa para afrontar una deuda que superaba los dos millones de pesos. Solo había pedido 100 mil.
Capitalismo de plataforma
Para Franca Bonifazzi el origen de estas situaciones se relaciona con un deterioro absoluto de la red de contención en los territorios. Desde el desmantelamiento de políticas sociolaborales, como las becas estudiantiles o programas como Volver al Trabajo –congeladas por meses en montos que van de los 40 mil y 80 mil pesos– hasta el cierre de espacios o instituciones barriales que trataban de acompañar a muchas familias a la hora de pensar un proyecto de vida. Un retiro del Estado de lugares necesarios, con un efecto que ella sintetiza en dos palabras: desamparo total.
“Se quebró el mito de que terminar la escuela te permitía tener un mejor trabajo, o de que ir a estudiar te garantizaba una mejor situación laboral. Eso hace que no haya ningún sueño de que el esfuerzo, o una capacitación, redunden en la mejora de tu situación”, evaluó. “Lo que hay es una creencia en las salidas mágicas o fáciles. Y eso hace que sea mucho más sencillo captar a los sectores que están más golpeados económicamente en todo lo que son juegos de timba financiera online, o en situaciones usureras con prestamistas de barrio”, completó.
“La desigualdad ya no es solo laboral, sino que también redunda en un scoring bancario. La gente que no está bancarizada, porque no tiene una relación laboral ni una cuenta sueldo, le queda Mercado Pago o el prestamista del barrio. Y si en los préstamos formales ya se detectan lógicas usureras, imaginemos lo que pasa cuando no hay una regla de intermediación«
La politóloga, que también es docente universitaria en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), pone el foco en las desigualdades propias de la dinámica financiera, que se profundiza en los sectores populares. Para los trabajadores no formalizados, el acceso a un préstamo bancario o un crédito hipotecario aparece como algo inaccesible, al igual que cualquier otra estrategia de financiación.
“La desigualdad ya no es solo laboral, sino que también redunda en un scoring bancario. La gente que no está bancarizada, porque no tiene una relación laboral ni una cuenta sueldo, le queda Mercado Pago o el prestamista del barrio. Y si en los préstamos formales ya se detectan lógicas usureras, imaginemos lo que pasa cuando no hay una regla de intermediación. Vos acudís porque tenés una urgencia, a la semana quizá debés el doble y si no juntás la plata se pone en juego tu patrimonio a la par de lógicas de violencia y amedrentamiento”, planteó.
Para Bonifazzi, desde el Estado no se está pensando en las dinámicas familiares que llevan a estos esquemas de endeudamiento y, ante el desamparo estatal, las familias se las arreglan como pueden. La diferencia que nota en relación a otras crisis es la falta de estrategias colectivas: si en los noventa los trabajadores despedidos se organizaban para tomar una fábrica o armar una cooperativa, hoy la salida aparece tipificada en términos individuales y, en general, mediada por las plataformas y redes sociales.
“Hoy el que se queda sin trabajo se baja Uber, Rappi, empieza a vender Natura o se pone un emprendimiento de comida que promociona en sus redes. Es una forma rápida de tratar de reinsertarte. Creo que después de la pandemia tenemos un mundo del trabajo atravesado por el capitalismo de plataforma, y eso tenemos que empezar a verlo”, advirtió.
La politóloga también ubica en la pandemia el comienzo de un fenómeno nuevo en la Argentina: el de trabajadores formales y con derechos laborales, pero que son pobres. La distorsión entre el valor de la canasta básica y el monto que referencia el Salario Mínimo Vital y Móvil dan cuenta de eso. Por eso, a la hora de pensar un horizonte, Bonifazzi plantea pensar qué salidas se pensaron en crisis anteriores. Y todo apunta a una mejora rápida y sustancial de los salarios.
“Inevitablemente hay que hacer un cambio de rumbo de la política económica. Una mejora salarial de los sectores formales también impacta en toda la economía no formal, porque se rige por esa institucionalidad que es el Salario Mínimo Vital y Móvil. No hay muchas más vueltas, porque el tejido social está absolutamente dañado. Eso depende de una decisión política, pero no tiene que dejar de ser una demanda de los gremios o las organizaciones sociales, que son los que tienen algo para decir sobre el tema y deben defender la institucionalidad laboral hoy día”, sentenció.
Precio alto
Para el padre Jorge Aloi el deterioro de la situación social en los barrios es notorio. El termómetro, dice, lo marca la comida: años atrás era un tema más o menos resuelto que permitía a la mayoría de la gente ocuparse de otras cuestiones; en cambio, hoy parar la olla se volvió el objetivo del día para muchas familias. Aclara que su mundo es Puente Negro, un barrio de pocas cuadras en el norte de la ciudad, flanqueado por la avenida Sorrento y el arroyo Ludueña. Allí predica y realiza tarea social desde hace años, lo que le permite tener una radiografía de los vecinos que viven en la zona. Pero tampoco cree que la situación diste mucho de lo que pasa en otros barrios de la ciudad.
“Acá hay mucha gente que se dedica a la jardinería, a la albañilería, o a juntar cartones y otras cuestiones para poder sobrevivir. Todo eso, en este momento, está muy en crisis, porque la gente de clase media que a lo mejor los contrataba para hacer una changa hoy ya no puede hacerlo”, sostiene. Y agrega: “A la gente le cuesta cada vez más encontrar algún trabajito como para poder ganarse el pan de cada día. Los que logran tener algo fijo son, lamentablemente, la minoría”.
El referente de la Pastoral Social de Rosario apunta que en el caso de los jóvenes la situación se agrava, porque las oportunidades de trabajo son menores. En la capilla del barrio también funciona una escuela para adultos que permite finalizar la escuela a quienes abandonaron tiempo atrás. Con orgullo, dice que algunos lograron seguir estudiando en la UNR. En otras instituciones también se dictan cursos de oficio y capacitaciones. Todas las búsquedas están apuntadas a que los jóvenes puedan acceder a un trabajo digno. Pero también advierte que se ha instalado una concepción distinta de lo que significa el trabajo.
“Hay como una idea dando vueltas, en mucha gente, de que uno puede enriquecerse sin hacer demasiado, invirtiendo la plata que tienen en nuevas monedas o algunas otras cuestiones de ese estilo. Y esa especulación atenta fuertemente contra el trabajo, porque cuando vos hacés plata rápido y fácil, es plata que pierde otra gente”, expresa y agrega: “La idea del préstamo de dinero para invertir en algo también lo vemos y sabemos que muchas veces es dinero que viene de organizaciones criminales”.
“Lo que hay que entender es que los que se benefician de verdad con esto no están en el barrio. Son contadores, abogados, jueces, empresarios y algunos políticos que viven en el centro. Ahí está el verdadero problema«
En ese marco, Aloi lamenta que “el negocio de la droga” o los mecanismos vinculados a la ilegalidad, hoy aparezcan como una salida para muchos jóvenes. Tiene la certeza de que el precio que pagan es muy alto. “Los pibes que se meten en ese negocio tienen una vida en la que pueden darse algunos lujos, pero la pagan generalmente con una muerte temprana. Lamentablemente, el ascenso social en muchos barrios tiene casi como única alternativa la cuestión del narcotráfico. Y eso es complicado porque es muy difícil competirles”, sostuvo.
E inmediatamente advierte el núcleo de la cuestión: “Lo que hay que entender es que los que se benefician de verdad con esto no están en el barrio. Son contadores, abogados, jueces, empresarios y algunos políticos que viven en el centro. Ahí está el verdadero problema, aunque lo que se celebra es que tumbaron un búnker en tal villa”.
