Apremios ilegales en la policía como mecanismo sistemático

Un recorrido por los años de democracia permite ver cifras alarmantes de casos de abusos de autoridad. Asesinatos a lo largo del país a mano de las fuerzas de seguridad dan muestra de la vigencia de prácticas represivas características del terrorismo de Estado de otras épocas.

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Por Martín Stoianovich

A la Argentina le duele su juventud

Si hay que definir un blanco predilecto para el abuso policial, aparecen a la cabeza los jóvenes y en su mayoría pertenecientes a las barriadas populares o a familias de bajos recursos. Así lo demuestran diferentes estadísticas que permiten ver de manera concreta características similares del accionar policial a lo largo de varios años y bajo el ala política de distintos gobiernos.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), viene recolectando a nivel nacional todos los casos posibles de asesinatos de personas que tienen como sospechosos o implicados a integrantes de las fuerzas de seguridad. Este trabajo se realiza desde mediados de los noventa abarcando casos desde la vuelta de la democracia y sus resultados son alarmantes, dejando en claro la vigencia de las prácticas represivas de la dictadura militar que nunca fueron erradicadas. Como ejemplo, puntualmente en Rosario y sus alrededores desde 1983 hasta 1998, se puede hacer mención de al menos veintitrés asesinatos de personas de entre 15 y 30 años de edad, con la policía como principal apuntada.

Entre estos casos se puede mencionar el de Sergio Fernández, de 15 años, asesinado a golpes y arrojado desde 15 metros de altura en junio de 1993 cuando intentaba ver un partido de fútbol, en un hecho que tuvo como imputados al personal policial de la Comisaría 9º rosarina. También Marcelo Burgos, de 23 años, fue asesinado por un disparo del subcomisario Jorge Burgos en abril de 1988 en un partido de fútbol, en otro caso que dejaría en libertad a cinco oficiales procesados. Por su parte, Juan Manuel Maidana, de 17 años, fue ultimado en 1995 de un disparo en la boca por un policía de la entonces Brigada de Orden Urbano, llamado Rubén Albornoz, luego de que el pibe le preguntara “¿Qué mirás?”.  Néstor Paniagua, otra víctima, tenía 19 años cuando lo encontraron robando en un desarmadero en 1996. Los vecinos aseguran que la policía le disparó teniéndolo atado de manos en el suelo, sin embargo la causa judicial fue archivada. En otro caso, Damián Villalba, de 17 años, apareció ahorcado en la Comisaría 20º en septiembre de 1997, luego de haber estado detenido por averiguación de antecedentes.

Las estadísticas que maneja Correpi dan cuenta de una clara estrategia sistemática por parte de las fuerzas policiales en hechos que no sólo son de gatillo fácil sino que presentan variantes como supuestos suicidios o enfrentamientos que resultan ser dudosos. Desde la organización, en uno de sus últimos informes,  argumentan: “Con estos datos nos proponemos mostrar el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde a una política de Estado. Un Estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia mayoría del pueblo por una reducida minoría, y que para poder garantizarla, inevitablemente hace uso de la violencia y la represión”. De la misma manera, expresan que el trabajo de Correpi intenta recopilar la mayor cantidad de casos, pero que dicho objetivo se ve obstaculizado por la invisibilización de muchos hechos que por diferentes motivos no se dan a conocer. Esto podría indicar que además de los casos recolectados, muchos otros aún permanecen en el desconocimiento colectivo.

La cifra fuerte recolectada por Correpi, dice que desde 1983 hasta 2012, se conocieron 3.773 casos de asesinatos a mano de las fuerzas de seguridad del Estado. Del total de estos hechos, el 46 por ciento corresponde a casos de gatillo fácil, y el 39 por ciento a hechos ocurridos en cárceles, comisarías o bajo custodia, mientas que el otro 15 por ciento se reparte entre protestas sociales, causas fraguadas, hechos intrafuerzas y circunstancias no esclarecidas. Respecto de las edades de las víctimas, el 50 por ciento del total corresponde a personas menores de 25 años, dejando en claro que los jóvenes son el blanco principal de la represión.

En relación al lugar de los hechos, las estadísticas sitúan en lo más alto a la provincia de Buenos Aires con un 45 por ciento del total de los casos. Sin embargo, dejando de lado las diferencias poblacionales y teniendo en cuenta la cantidad de víctimas en relación al millón de habitantes, la provincia de Santa Fe está a la cabeza con un índice de 145,561 casos sobre un millón de personas, seguida por Tierra del Fuego. Mientras tanto, los principales responsables materiales de estas muertes forman parte de las policías provinciales con el 58,6 por ciento del total. Sobre los resultados del recuento por provincias, desde Correpi afirman: “El hecho de que se trate de provincias gobernadas por el partido socialista y el ARI (por Santa Fe y Tierra del Fuego respectivamente), confirma que las políticas represivas no son patrimonio exclusivo de una provincia ni de un partido político en particular: son una necesidad operativa del sistema político – económico imperante gobierne quien gobierne”. Sin embargo, las mismas estadísticas dicen que casi el 59 por ciento de los hechos ocurridos desde 1983 hasta el 2012, pertenecen a los primeros diez años de gestión kirchnerista a nivel nacional.

Rosario arde

El 2014, por su parte, Rosario lo despide con un hecho que marca a fuego la vigencia de la corrupción en la policía como institución del Estado provincial: la desaparición y posterior muerte del joven Franco Casco luego de haber estado detenido en una comisaría local. Este pibe, de 20 años de edad que venía de una humilde familia de la localidad de Florencio Varela del Gran Buenos Aires, estaba parando en otro rincón marginado del país: el barrio rosarino Empalme Graneros.

Los oficiales de la Comisaría 7ma, vinculados a su detención  e investigados por su asesinato, declararon el día siguiente a la aparición sin vida del cuerpo de Franco flotando en el río Paraná, y horas después de que sus padres reconocieran el cadáver. “En calle Catamarca y Constitución junto a un árbol había una persona, era el único que estaba ahí solo y nos pareció sospechoso que esté al lado del árbol”, diría en su testimonio el jefe de Sumarios de la seccional, César Acosta. Franco, que no tenía antecedentes penales y no conocía Rosario, estuvo desaparecido veinticuatro días mientras a Elsa y Ramón, sus padres, el propio Comisario de la 7ma se negaba a mostrar la firma de liberación del joven en el cuaderno de acta. Toda una serie de irregularidades permiten hoy a los familiares de Franco, junto a las organizaciones sociales, políticas, sindicatos y también a la población en general, acusar a la policía por su asesinato. Además, se señala al fiscal Guillermo Apanowicz por la tibieza a la hora de investigar el caso y a integrantes del gobierno provincial por su rotundo silencio o actitudes dudosas como la del secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad Ignacio del Vecchio que daba prestigio a supuestos testigos que dijeron haber visto a Franco con vida el mismo día en que fue hallado su cadáver. Pero, según los primeros análisis que se hicieron, se constató que el cuerpo había estado en el agua por más de dos semanas. Esta intervención, sería luego considerada como probable complicidad con la policía en la implantación de pruebas falsas.

El defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, que está trabajando como defensor de la familia Casco, no duda en calificar al hecho como desaparición forzada de persona y caracterizarlo como delito de lesa humanidad. Mientras tanto, las investigaciones de la causa por ahora continúan entre autopsias y tomas de declaraciones al personal de la 7ma que entre el silencio y la sonrisa cómplice siguen en libertad.

Pero la Comisaría 7ma no detiene su prontuario en este hecho, sino que viene ampliando su historial desde hace años. Esta dependencia es la que la dirigente de Ammar Sandra Cabrera denunciaba por complicidad con la explotación sexual, antes de ser asesinada y que su crimen quedara impune. Por otro lado, a principios de noviembre de este mes, un procedimiento comandado por la Gendarmería allanaría un prostíbulo ubicado justo enfrente de la 7ma. Pocos días después, una murga rosarina denunciaba que una integrante del grupo había sido agredida, maltratada y torturada en la misma seccional, en un hecho que todavía no se esclarece por el propio temor a represalias que rige cuando se intenta denunciar los delitos cometidos por la policía. En estos días, el comisario de la dependencia goza de licencia, solicitada a partir de estos últimos hechos.

Tampoco el historial represivo de la policía santafesina se reduce a la Comisaría 7ma. En los últimos días trascendió a nivel mediático que tres policías de la seccional 14 irán a juicio por apremios y abuso de autoridad a un grupo de jóvenes de entre 12 y 18 años en un hecho ocurrido en agosto del 2013.

Estos casos, reales y concretos, son sólo algunos pero que alcanzan para poner en la mira a la policía santafesina. Mientras tanto, el portal web del diario La Capital difundió recientemente que a un mes de la puesta en funcionamiento de la línea telefónica utilizada para denunciar abusos de autoridad de la policía (0800 444 3583), se registraron 600 llamados entre los que hay “denuncias y sugerencias”. Por su parte, comienza a cuestionarse también cada intervención pública del gobernador Antonio Bonfatti, respecto de este tipo de casos. Su análisis no recae en ningún momento sobre el dudoso accionar de sus propios funcionarios, sino que se detiene en “grupos de militantes identificados perfectamente que de forma oportunista están condenando”, tal como declaró en una entrevista a canal 5 el pasado 7 de noviembre. Y como si fuera poco, el referente del socialismo a nivel nacional, Hermes Binner, responsabiliza públicamente a las familias pobres de los “disvalores de la sociedad”.

 

 

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