Después de siete años de lucha, comenzó el juicio oral y público contra 19 policías acusados por la desaparición forzada, tortura y muerte de Franco Casco. El rol fundamental de las organizaciones nucleadas en una Multisectorial para desarmar la versión policial y el trabajo de las querellas para demostrar lo que siempre supimos: que a Franco lo mató la policía. 

“Franco Casco. Todos sabíamos, haremos justicia”. La frase, sencilla y contundente, queda inmortalizada en una bandera que distintas organizaciones sociales y de derechos humanos cuelgan en las rejas de los Tribunales Federales de Rosario, en calle Oroño al 940. En los días previos, una movida por internet invitó a la sociedad en su conjunto a acompañar este 6 de diciembre, en lo que  quedará como una fecha histórica: el inicio del juicio oral y público donde se juzgará a 19 policías por la desaparición seguida de muerte y posterior encubrimiento de Franco Casco.

El caso es uno de los más emblemáticos de violencia institucional de la ciudad y formó parte de una serie de hechos que tuvieron un mismo modus operandi: pibes jóvenes, de barrios populares, desaparecidos o perseguidos por la policía y encontrados sin vida flotando en el río Paraná. Pasó con Franco Casco, pasó con Pichón Escobar, pasó con Kiki Ponce, pasó con Bocacha Orellano. Pero también significó un punto de partida en la confluencia de distintas organizaciones en un mismo espacio multisectorial de lucha y reclamo de justicia en la ciudad.

“Hay que ir de a poco, porque esto viene para rato. Pero lo primero que queremos es que salga a la luz lo que en realidad pasó, que es que Franco no se murió, a Franco lo mataron”.

En el lugar estuvo presente Ramón Casco, papá de Franco, quien se convirtió en símbolo de resistencia todos estos años. Con el perfil bajo y una visera negra que lo caracteriza, dejó un breve mensaje a la prensa donde pidió justicia por su hijo. También estuvo su hermana, Malvina, de 39 años, que viajo desde Buenos Aires para estar presente durante el inicio del juicio: “Hay que ir de a poco, porque esto viene para rato. Pero lo primero que queremos es que salga a la luz lo que en realidad pasó, que es que Franco no se murió, a Franco lo mataron”.

Su hermana lo recuerda como un pibe alegre, bueno, que vivía para su familia y su hijo Thiago, que tenía 3 años al momento de su muerte. Un chico que hacía changas, que iba para todos lados con sus nueve hermanos, que le gustaba salir a bailar, jugar a la pelota, compartir una gaseosa con sus amigos en la esquina. “Un pibe normal, nada de otro mundo”, resume. Entre la emoción y las lágrimas de los familiares se percibía la ausencia de Elsa Godoy, madre de Franco, quien motorizó las primeras búsquedas y que no llegó a ver el inicio del juicio: falleció en agosto de 2016, producto del mal de chagas.

Reconstrucción

El 28 de septiembre de 2014 Franco Casco llegó a Rosario con la intención de visitar a su familia. Se hospedó en la casa de su tía, en el barrio Empalme Graneros, al norte de la ciudad. Había llegado en búsqueda de un cambio de aire y quizás nuevas oportunidades, pero al poco tiempo ya estaba pendiente de volver. Extrañaba. Y eso quedó registrado en algunos mensajes que intercambió con su mamá en esos días.

Por eso, durante el mediodía del 6 de octubre, su tía lo acompañó hasta la Estación de Trenes Rosario Norte para emprender la vuelta, pero ahí les informaron que no había viajes hasta la medianoche. Entonces regresaron a Empalme para amortiguar la espera en el hogar familiar. Cerca de las 18 horas, Franco se vuelve a dirigir hacia la estación, esta vez solo, porque su tía no se encontraba en la casa, pero además ya conocía el camino. Un primo fue el encargado de despedirlo en la puerta de la casa. Fue la última vez que un familiar vio a Franco con vida.

La madrugada del día siguiente comenzó el proceso de búsqueda entre familiares. El joven había avisado que lo vayan a esperar, pero nunca descendió del tren. Más tarde sabrían que nunca llegó a subir. Lo que sucedió esa noche se pudo reconstruir, en gran parte, gracias al trabajo arduo de la Multisectorial contra la Violencia Institucional que se fue conformando a partir de este caso.

Lo que se pudo establecer es que entre las 10 y 11 de la noche de ese día, un móvil de la Comisaría 7º estuvo detenido en la zona de la estación de trenes. “Inferimos  que es el momento en el que a Franco lo detuvieron y lo ingresaron a la comisaría”, explica Guillermo Campana, abogado de la familia de la víctima. Ahí es fundamental para la causa el testimonio que aportaron los detenidos que en ese momento estaban dentro de esa sección policial, donde mencionan golpes, insultos y maltratos similares a la tortura.

“Los detenidos cuentan que Franco se comunicó con ellos, que les dijo su nombre, y que notaban que no era alguien “del palo”, que no manejaba los códigos tumberos. Pedía por favor que dejaran de pegarle, y que le den agua. Varios refieren que le arrojaron baldazos de agua, algo que después se corroboró con una foto secuestrada de los celulares del personal de la séptima: ahí se lo ve golpeado y mojado. Hasta que en algún momento, ya entrada la madrugada, se escucharon algunos golpes fuertes, seguido de un golpe similar al de una cabeza contra una pared. Después no escucharon más nada”, relata Campana.

El 7 de octubre era día de visita y cuando los presos salieron de sus celdas para ver a sus familiares no vieron al nuevo  detenido. Tampoco escucharon nada relativo a su presencia. Recién cuando la desaparición comenzó a instalarse en los medios el tema estalló en la séptima: en medio de un motín donde los presos reclamaban traslados, denunciaron la habitualidad de encerrar a las personas demoradas, a quienes golpeaban, extorsionaban, pedían dinero y luego las liberaban. En esa movida también denunciaron la presencia de Franco refiriéndose a la policía de la comisaría como “matapibes”. Después de ese episodio hubo un recambio en el personal y cargos de la séptima.

El jueves 30 de octubre, veinticuatro días después de su desaparición, en el mismo momento en que los familiares volvían de hacer la primera marcha masiva para reclamar por la aparición de Franco, comenzaba a circular la noticia de un cuerpo flotando sin vida sobre el río Paraná, en la zona del Monumento a la Bandera y la estación fluvial. Lo encontraron unos pescadores. El cuerpo estaba en un estado de descomposición que daba cuenta del tiempo de sumersión en el agua. Lo reconocieron por los tatuajes: unas estrellas en el cuello y el nombre “Thiago” en el antebrazo izquierdo.

Hipótesis e irregularidades

La hipótesis de la investigación es que el joven fue llevado a la comisaría séptima durante la noche del 6 de octubre y que falleció durante la madrugada del día siguiente. Con la excusa de “averiguar antecedentes” fue golpeado y torturado en un cuarto de detención conocido como “la jaulita”, en lo que, a partir del testimonio de otros presos, se pudo conocer que se trataba de una práctica rutinaria de amedrentamiento, sobre todo con los detenidos transitorios. A mediados de 2015, cuando el lugar fue allanador por la Justicia Federal, el cuarto seguía en funcionamiento.

Las fechas son claves. La versión policial dice que Franco fue detenido durante el mediodía del 7 de octubre y liberado esa misma noche. La defensa sostiene que Franco fue detenido a partir del llamado de un vecino que alertó una “actitud sospechosa” y dio aviso a la comisaría en primer lugar, y al comisario en su teléfono personal después. Cuando lo quisieron identificar – siempre según la defensa – Franco habría tirado un ladrillo contra un móvil y ahí es donde lo detienen por averiguación de antecedentes, para luego ser liberado algunas horas más tarde. Sin embargo, en los registros de la Comisaría aparecen algunas inconsistencias y las sospechas de que el ingreso del joven a la Comisaría se documentó después de su fallecimiento.

En la previa al inicio de las audiencias, el abogado defensor Rodrigo Mazzuchini aseguró que Franco “murió ahogado” y que la prueba científica corrobora la versión policial. “La acusación dice que murió bajo tortura y no tiene un solo hueso roto”, declaró a la prensa. Lo cierto es que las autopsias realizadas en el Instituto Médico Legal (IML) arrojaron “causa de muerte indeterminada”, por el grado de descomposición del cuerpo. Los estudios correspondientes confirmaron que Franco murió antes de ser arrojado al agua, y que el tiempo de sumersión coincide con su desaparición.

Al descubrimiento del cuerpo en el agua también sobrevino un episodio oscuro: tiempo después, por fotos que fueron dejadas por debajo de la puerta de la Defensoría, se lo ve a Franco con sogas tanto en brazos como piernas, que no habían sido declaradas por personal de Prefectura Naval. El cuerpo llegó a la morgue sin los nudos que se ven en las extremidades. “Creemos que pueden ser sogas que se utilizaron para fondear el cuerpo”, explicó Campana.

A medida que avanzaba la investigación íbamos descubriendo una serie de indicios que luego se convirtieron en pruebas suficientes de que Franco había estado detenido en la Comisaría 7º un día antes de lo que dicen los policías, que instruyeron un sumario y un procedimiento totalmente falso. Y se determinó que fue detenido el 6 de octubre, que fue golpeado, que fue torturado y que en ese contexto falleció.

Desde la Multisectorial fueron críticos desde el inicio de la investigación. La causa comenzó en la Justicia provincial como búsqueda de paradero de persona y terminó en la Justicia Federal como desaparición forzada. “Se demoró 16 días en adoptar la primera medida de investigación, que fue delegar a asuntos internos. Es decir, a miembros de la misma policía”, recordó Campana y agregó que en este tipo de causas los primeros días son fundamentales.

“Hubo un gran déficit desde el primer momento y la lucha fue lo más importante en esa instancia. A medida que avanzaba la investigación íbamos descubriendo una serie de indicios que luego se convirtieron en pruebas suficientes de que Franco había estado detenido en la Comisaría 7º un día antes de lo que dicen los policías, que instruyeron un sumario y un procedimiento totalmente falso. Y se determinó que fue detenido el 6 de octubre, que fue golpeado, que fue torturado y que en ese contexto falleció. Luego se construyó toda una farsa para intentar darle un piso de regularidad y verdad a una detención que fue totalmente clandestina”, resumió.

Van a juicio

Durante el juicio habrá 19 policías sentado en el banquillo de los acusados, de los cuales siete agentes serán juzgados por desaparición forzada seguida de muerte: Esteban Silva, César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débroa Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero y Enrique Gianola Rocha. A eso se le suman Diego José Álvarez, Cecilia Ruth Elisabeth Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, acusados por torturas.

Además, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, agentes de asuntos internos serán juzgados por encubrir los delitos en calidad de funcionarios públicos. Ellos fueron los encargados de realizar las entrevistas a las personas que se encontraban detenida en la Comisaría 7º durante los días en que sucedieron los hechos. Se les adjudica haber llevado adelante los interrogatorios con personal de la propia comisaría presente, en un marco intimidatorio, y de no haber registrado las declaraciones de los presos detenidos que hablaban de maltratos y vejámenes contra Franco.  En palabras de Campana “llevaron adelante conductas que no permitieron encontrar la verdad en lo sucedido y que hacían a su función que era investigar qué era lo que había pasado en esos días”.

El resto de los imputados son los policías, Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murua, Walter Daniel Ortiz, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Belkis Elisabeth González. Salvo los efectivos de asuntos internos, todos los agentes pertenecen a la comisaría séptima. Nueve de ellos llegan al juicio bajo prisión preventiva.

Además, también está el requerimiento para elevar a juicio al vecino de barrio Agote que, según la versión policial, denunció la presencia sospechosa de Franco. Para las querellas, el vecino formó parte de un procedimiento falso que se habría montado para desviar las investigaciones. “Esta persona va a ser llevada a juicio por falso testimonio, porque brindó cuatro testimonios contradictorios, inconsistentes, que tenían como finalidad también colaborar con los agentes de la séptima”, detalló Campana.

Y también está pendiente la finalización de la instrucción en la investigación que busca determinar la responsabilidad de personal policial médico en el caso. Puntualmente, una médica dijo haber revisado a Franco el día 7 de octubre, día en que el joven no habría estado en la comisaría. Además, aparecen contradicciones en su declaración, respecto a lugares en los que la médica dice haber estado, en un lapso de tiempo que “resultan imposibles” para una persona. “No visitó las comisarías que ella dijo haber visitado y por lo tanto no visitó la séptima, no lo vio a Franco, y sin embargo firmó un informe médico en donde constataba que se encontraba perdido en tiempo y espacio”, detalló el abogado.

En una misma línea van las sospechas contra dos odontólogos que participaron en la autopsia realizada en 2014, pero que ingresaron al expediente un informe recién en el año 2017, tres años después. En ese informe hablan de piezas dentales que se habrían perdido por “mala salud bucal”, cuando ya había un primer informe odontológico que hablaba de un evento traumático, es decir, golpes sufridos en vida. Esos odontólogos también están siendo investigados por la posible comisión del delito de encubrimiento.

Organización, lucha y acompañamiento

Lo primero que hizo Elsa Godoy cuando desapareció Franco fue venir a buscarlo a Rosario y comenzar a preguntar en distintos lugares de la ciudad. Uno de esos fue el barrio Ludueña, donde rápidamente se vinculó con organizaciones que estaban trabajando en el Bodegón Cultural Casa de Pocho. Ante el relato de la mujer decidieron convocar a una reunión de la que participaron distintas organizaciones sociales. En ese momento, Marilé Di Filippo militaba en el club de investigaciones urbanas, y no se imaginó que eso se convertiría en la semilla de lo que tiempo después se convertiría en una Multisectorial contra la Violencia Institucional en Rosario.

El espacio integra a diversas organizaciones territoriales, sociales, partidarias, sindicales y de derechos humanos y hoy en día se presenta como un lugar de asesoramiento y contención a los familiares de víctimas de violencia institucional. “Hacemos un acompañamiento que va dependiendo mucho de cada causa, de la necesidad y de los deseos de las familias”, señaló la docente, quien destacó el proceso político que acompaña ese pedido de justicia.

“Nos damos una ardua tarea de producción de información rigurosa y precisa para poder llevar adelante una comunicación adecuada sobre lo que efectivamente pasa en los casos y así poder contrariar de alguna manera la versión policial, judicial y muchas veces la mediática, que acompaña inmediatamente cuando suceden estos casos. En general las primeras versiones siempre incriminan a los jóvenes y exculpan a la policía”, explicó.

Pero el recorrido también tiene que ver con construir otras formas de reparación que se vinculan con la producción de memoria de esos jóvenes y con la posibilidad de contar sus vidas, recordarlos, y acompañar a los familiares y amigos en esos rituales que son necesarios para procesar pérdidas de ese tipo: “Nos acompañamos entre todos en el sentido más fuerte de la palabra. En la organización también hay una suerte de colchón afectivo de acompañamiento amoroso que es parte de cualquier experiencia militante”.

Foto: MCVI

A mediados de noviembre, la Universidad Nacional de Rosario reconoció al movimiento de derechos humanos de la ciudad, destacando la labor de la Multisectorial, entre otras organizaciones, por su lucha “en  favor de la dignidad humana, contra la violencia institucional y bajo la bandera histórica de Memoria Verdad y Justicia”. La Universidad también recibió a los familiares de Franco Casco para brindarles el apoyo de la institución y hacerles entrega del documental gráfico ilustrado “Todos Sabíamos” de la Editorial Editorial Aguará, que cuenta la historia del joven.

Nosotros creemos que efectivamente esta lucha tiene que poder atravesar no solo a la universidad, sino a todos los actores sociales que están involucrados en la calle, en la sociedad civil.

En ese emotivo acto, el rector Franco Bartolacci pidió disculpas y dijo que la Universidad debió haberse involucrado antes en la causa. Para Di Filippo es “muy valioso” el acompañamiento de la alta casa de estudios sobre todo en un contexto donde suele haber un consenso social que avala las prácticas policiales: “Nosotros creemos que efectivamente esta lucha tiene que poder atravesar no solo a la universidad, sino a todos los actores sociales que están involucrados en la calle, en la sociedad civil. Por supuesto que para nosotros es una gran noticia y es algo que celebramos como organización”.

Para Malvina, al dolor de la muerte sobrevino la incertidumbre y la sensación de estar lejos. Precisamente, a 325 kilómetros, lo que separa Florencio Varela de Rosario. En una ciudad Franco vivió su infancia y adolescencia. En la otra, murió. Lo mataron: “Fue duro porque desde Buenos Aires nosotros íbamos sabiendo lo que Ramón nos informaba. Uno siempre quiere estar acá presionando, pero lo vemos a Ramón y sabemos que no es fácil. Uno hubiese querido participar de más cerca. Es horrible toda la incertidumbre que vivimos estos años”.

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